- Estos servidores públicos resuelven controversias tanto administrativas como jurisdiccionales; pueden conocer violaciones a los derechos de internos
Los jueces de ejecución de penas vigilan el cumplimiento de las sentencias emitidas por los jueces de control, de enjuiciamiento o de primera instancia, ya sea para las personas que fueron condenadas a prisión o para aquellas cuya sanción no fue privativa de la libertad.
La Ley Nacional de Ejecución de Penas entró en vigor el 16 de junio de 2016 y en Pachuca la figura inició funciones el 1 de febrero de 2017. Actualmente existe un juez de ejecución en cada uno de los circuitos judiciales de Tulancingo, Tula, Ixmiquilpan y Huejutla, mientras que en la capital hidalguense operan dos.
La jueza Ana Gabriela Ortiz Pacheco explicó que los jueces de ejecución resuelven controversias tanto administrativas como jurisdiccionales. Pueden conocer, por ejemplo, situaciones que surjan en los centros de reinserción social derivadas de violaciones a los derechos de los internos.
“Eso nos lo pueden hacer saber pidiendo una audiencia para que nosotros los escuchemos”, comentó, aunque aclaró que primero debe agotarse la primera instancia, que consistiría en enterar de la situación al director del penal. “Si él no da cumplimiento a lo que ellos solicitan, es cuando nosotros intervenimos en esta controversia”.
Ortiz Pacheco, quien se desempeña como jueza de ejecución en el circuito judicial de Tulancingo, explicó que uno de los puntos que se supervisa es el cumplimiento de la multa o la reparación del daño impuesta por el juez de control, de enjuiciamiento o de primera instancia.
En los casos donde el imputado goza del beneficio de la conmutación de prisión por trabajo a favor de la comunidad, se vigila el cumplimiento de los jornales, que pueden realizarse en instancias como la presidencia municipal, el sistema DIF o la Cruz Roja.
“Si nosotros observamos que no está cumpliendo, lo requerimos a que nos informe el motivo, y si no nos informa procedemos a la reaprehensión, porque al dejar de cumplir se le suspende el beneficio”.
En las multas, el sentenciado tiene la posibilidad de pagarlas al momento o bien permanecer recluido mientras realiza el pago, pero sin agotar el tiempo de prescripción de esta sanción, que es de dos años.
Asimismo, en los casos donde el juez impuso una reparación del daño, si el sentenciado no tiene la capacidad económica para pagar el monto de manera inmediata, puede hacerlo en mensualidades durante tres años. En este caso la prescripción es de 10 años.