Por Diego Herrera
La carretera costera Lázaro Cárdenas-Colima fue escenario de bloqueos e incendios de vehículos por parte de habitantes de Pómaro, Aquila, en protesta por el asesinato de tres personas, incluyendo a líderes indígenas que impulsaban el autogobierno en la comunidad.
Desde la noche del jueves 29 de mayo, la carretera costera Lázaro Cárdenas-Colima fue bloqueada y se registraron incendios de vehículos en las inmediaciones de la comunidad nahua de Colola, en el municipio de Aquila, Michoacán. Estas acciones fueron una respuesta directa de los habitantes de Pómaro ante el asesinato de tres personas, ocurrido horas antes en un atentado sobre la misma vía. Los manifestantes exigen justicia inmediata y la intervención del gobierno federal para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la región.
Entre las víctimas mortales se encuentran Lucas Flores Tolentino, tesorero comunal de Pómaro, y Jerónimo García Flores, asesor jurídico de la comunidad, ambas figuras clave en el proceso para que Pómaro administre de manera autónoma su presupuesto directo. En el mismo ataque, también falleció un profesor de la Meseta Purépecha y una maestra resultó gravemente lesionada. La comunidad de Pómaro ha denunciado públicamente que el atentado iba dirigido contra integrantes del comisariado de bienes comunales y que, desde hace meses, existían amenazas relacionadas con su iniciativa de autogobierno indígena.
Los comuneros de Pómaro han señalado directamente al alcalde de Aquila, José María Valencia Guillén, como presunto responsable intelectual de las amenazas, argumentando que a él no le conviene que los recursos que por ley corresponden a Pómaro sean administrados directamente por la comunidad.
La violencia en la región costera de Michoacán se enmarca en un contexto de disputa territorial entre cárteles de narcotráfico, como el CJNG y el Cártel de Tepalcatepec, por el control del litoral para el tráfico de cocaína. Informes de la Fiscalía General de la República (FGR) han señalado que este último cártel cuenta con protección de las Policías Comunitarias de los municipios de Aquila y Coahuayana, las cuales operan fuera de la ley al no haber registrado a sus elementos y armamento ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La comunidad de Pómaro ha emitido un comunicado dirigido a la Fiscalía General de la República, a Omar García Harfuch (secretario de Seguridad y Protección Ciudadana), al Ejecutivo del estado Alfredo Ramírez Bedolla, y a organismos internacionales como la ONU, denunciando una violencia sistemática contra los pueblos originarios. Los comuneros han advertido que, de no obtener una respuesta inmediata por parte del Estado, las acciones de presión continuarán. Las protestas incluyeron el incendio de una patrulla de la Policía de Aquila y, posteriormente, un autobús de pasajeros, como medida de presión para exigir justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE).