
Desde este instituto político hemos venido señalando los abusos del poder con el que se desempeñan representantes de trabajadores petroleros, electricistas, magisteriales, mineros, telefonistas y ahora los ferrocarrileros, sin que hasta el momento haya autoridades federales encargadas de vigilar las cuentas de estos organismos laborales, que deberían velar por los intereses de sus agremiados, resaltó Flores Cervantes.
El dirigente del PES, llamó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a sumarse a una Cruzada Anticorrupción Sindical, que sin importar colores sea llevada a la práctica para favorecer los intereses de los trabajadores de este país.
Enfatizó que el empoderamiento que les ha dado el uso indebido de las cuotas sindicales de los agremiados ha llegado al grado de corromper jueces y magistrados quienes les permiten seguir operando con impunidad, solapando estas irregularidades evidenciadas ante la opinión pública.
La recién promulgada Ley Anticorrupción debe aplicar, no sólo para los tres niveles de gobierno, sino para todas las instituciones y organismos que manejen recursos públicos, y en este caso los gremiales. Como país en proceso de erradicar las prácticas corruptas estamos obligados a castigar de manera ejemplar actos ilegales como éste.
Flores Cervantes calificó como reprobable que el Gobierno Federal sea el encargado de aportar cada año miles de millones de pesos para solventar los desvíos de recursos de los fideicomisos de ese gremio, que a todas luces fueron utilizados de manera ilícita, por ello la urgencia de llamar al líder ferrocarrilero, Víctor Flores, a rendir cuentas de las aportaciones de los trabajadores de ese gremio.
Precisó la urgencia de transparentar el destino de las todas las cuotas sindicales, de la misma forma, dijo, la información debe presentarse como datos abiertos a todo público para conocer la utilización de los dineros y con ello evitar el desvío millonario de los recursos de los obreros de nuestro país.
Finalmente, exhortó a los Diputados Federales para que líderes sindicales comparezcan ante los legisladores para dar a conocer los manejos de los recursos con que cuentan sus agrupaciones y en caso de encontrar irregularidades les sean fincadas responsabilidades penales por los abusos cometidos.
