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    Formaliza Poder Judicial propuesta para crear el Tribunal de Justicia Administrativa

    01/06/2017 Local
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    • La presidenta del Tribunal Fiscal Administrativo, Percys Susana Cravioto Luna, entregó al Congreso local iniciativa que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción

    En representación de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, la presidenta del Tribunal Fiscal Administrativo, Percys Susana Cravioto Luna, entregó al Congreso local la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que crea la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa.

    La propuesta forma parte de la legislación secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual fue presentada de manera conjunta por el Poder Legislativo, la Procuraduría de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el vestíbulo de la Sala del Pueblo de la Cámara de Diputados.

    Ante el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, la contralora Citlali Jaramillo Ramírez, el procurador Javier Ramiro Lara Salinas y la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, María Luis Pérez Perusquía, la magistrada Cravioto Luna explicó que la reforma planteada considera al Tribunal de Justicia Administrativa uno de los ejes rectores del Sistema Estatal Anticorrupción.

    Esto, debido a que se le confiere competencia para resolver las acusaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y los órganos internos de control de las entidades públicas estatales y municipales, contra servidores públicos y particulares en faltas administrativas consideradas graves.

    Además, subrayó, se fortalecen sus facultades para resolver las confrontaciones entre el poder público y los ciudadanos, así como las relativas a la responsabilidad patrimonial del estado.

    La magistrada anunció que será a partir del próximo 18 de julio cuando el Tribunal de Justicia Administrativa asuma la competencia de juzgar a quienes cometan actos de corrupción, considerados faltas administrativas graves, tanto de servidores públicos como de particulares que se encuentren vinculados con esas faltas.

    “De esta manera el Poder Judicial cumple para la oportuna y eficaz materialización del Sistema Estatal Anticorrupción”, agregó.

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