La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, señalado por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas, como parte de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal. Posteriormente, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa de Aguirre Rivero solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo martes 11 de agosto, cuando se determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
De acuerdo con la FGR, la acusación deriva de un nuevo análisis de las actuaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, realizado en coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
La Fiscalía sostiene que este reanálisis permitió abrir nuevas líneas de investigación y obtener datos que apuntan a la posible participación de Ángel Aguirre en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
Según la investigación, la instrucción para realizar dicho ocultamiento habría sido girada directamente por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
La FGR señala que el ocultamiento de grabaciones no habría sido un hecho aislado ni una omisión de carácter técnico, sino parte de una operación que, de acuerdo con los datos de prueba recabados, habría sido deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal.
El caso forma parte de la investigación federal para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, y determinar responsabilidades por los hechos.
La Fiscalía General de la República sostuvo que la búsqueda de verdad y justicia constituye una responsabilidad del Estado mexicano frente a las familias de los estudiantes desaparecidos y afirmó que las investigaciones continuarán bajo criterios de coordinación institucional, rigor técnico y respeto al debido proceso.