Propone el diputado federal Fernando Moctezuma Pereda, que se incrementen las penas en contra de ordeñadores de ductos, al asegurar que actualmente es un delito que tiene una sanción de 15 a 25 años de prisión y estas deben elevarse a por lo menos entre 20 y 30 de cárcel.
El coordinador del grupo parlamentario de diputados federales del PRI en el Congreso de la Unión, refirió que una de las zonas que en Hidalgo registra un alto robo de hidrocarburos es la zona sur, destacó que es obligación de las autoridades actuar y responder a la ciudadanía, ya que hay preocupación porque los delincuentes ponen en riesgo la integridad de la población que habita en las regiones donde se localizan los ductos de donde se sustrae el combustible.
Al respecto refirió: “Uno de los mayores inconvenientes que representa el robo de hidrocarburos es que estos pueden ser sustraídos con suma facilidad, mediante las llamadas «tomas clandestinas» a lo largo de los aproximadamente 68 mil kilómetros de ductos que tiene Petróleos Mexicanos”.
De igual manera manifestó que en el primer trimestre del 2016 el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex aumento 12.3 por ciento respecto al 2015, además de referir que es por ello la necesidad de incrementar las penalidades en contra de los delincuentes que incurran en el robo de hidrocarburo o como popularmente se les conoce los huachicoleros.
El también coordinador de los diputados federales de Hidalgo Afirmó que al cierre del periodo Legislativo, es necesario modificar el artículo ocho de la ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, además de que se debe de proteger a la ciudadanía y también velar por los intereses de la nación ya que el robo asciende a miles de millones de pesos.
Para finalizar, precisó que manera conjunta con la fracción de diputados federales del PRI planteó la obligación de los legisladores de actuar con responsabilidad y elevar las penalidades para estos delincuentes, además de manifestar que los legisladores tienen la obligación de actuar con responsabilidad y conforme la ciudadanía lo demanda, puesto que los delincuentes incluso han atentado contra el patrimonio de la ciudadanía.