De manera simultánea en los 68 centros empresariales, delegaciones y representaciones en cien ciudades del país entre ellas Hidalgo, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado a los senadores de Hidalgo para que voten en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados.
El Presidente de Coparmex Hidalgo Alberto Paredes Dueñas, señaló que la petición es resultado de un análisis realizado desde la Confederación en el que se enlistan las consecuencias que tendría la reforma a nivel nacional e internacional. El costo por convertir a la CFE en un monopolio, implica graves consecuencias económicas, legales, sociales, de salud y medioambientales pues contraviene la Constitución, el TMEC y el Acuerdo de París ratificado por México.
Añadió que de aprobar los Senadores la LIE, se eliminaría la lógica de eficiencia con la que actualmente se despacha la energía más barata en el mercado, cuya consecuencia lógica sería un incremento de por lo menos el 17 por ciento en la tarifa de todos los consumidores.
El también empresario, manifestó que por ello desde Coparmex Hidalgo, preguntan a los Senadores María Merced González González y Julio Ramón Menchaca Salazar – Senadores por Morena, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado – Senadora por el PRI, Xochitl Gálvez Ruiz – Senadora por el PAN, Miguel Ángel Osorio Chong Senador por el PRI, ¿qué es más barato y menos contaminante para generar energía eléctrica, el aire y el sol o el combustóleo?.
Aseveró que si se quiere que México tenga una economía de bienestar, es necesario que se pague menos por los servicios y en este caso eliminar la competencia no es la vía para lograrlo, además de que para mantener los precios como se encuentran ahora, se requerirá de subsidios que serán absorbidos por los ciudadanos a través de impuestos y otros esquemas.
Afirmó que de ratificarse en el Senado la reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados, México quedaría en una desventaja competitiva, además de señalar que lo que el país necesita, es aplicar mejores prácticas internacionales, establecer un esquema que otorgue certeza jurídica y un marco de respeto que favorezca la cooperación público-privada.