- “La figura de la excitativa de justicia tiene por objeto obligar a las y los jueces, magistradas y magistrados para que administren pronta y cumplida justicia, cuando hayan dejado transcurrir, sin causa justificada, los plazos legales sin dictar las resoluciones que correspondan”.
Es un hecho que el Estado debe velar por ofrecer todas las garantías de justicia e imparcialidad de sus actos frente al ciudadano, refirió Alejandro Enciso Arellano, diputado local, quien presentó una iniciativa que busca especialmente que el Tribunal de Justicia Administrativa, emita resoluciones que brinden seguridad y certeza a las y los gobernados, en tiempo y forma.
En la exposición de motivos, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que el Tribunal de Justicia Administrativa se consolida como institución en la lucha contra la corrupción, pues entre sus atribuciones se encuentra el sancionar por la comisión de faltas administrativas graves, como son: el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto y conflicto de interés, el tráfico de influencias o el nepotismo.
“Los números reflejan el creciente interés de la ciudadanía hidalguense por acceder a la justicia administrativa y fiscal, lo cual se ve reflejado en el incremento de demandas ingresadas al Tribunal, para defenderse de los actos y resoluciones emitidas por las autoridades municipales y estatales, cuando por deficiencia o exceso afectan su esfera jurídica”, manifestó.
Y agregó, “La figura de la excitativa de justicia tiene por objeto obligar a las y los jueces, magistradas y magistrados para que administren pronta y cumplida justicia, cuando hayan dejado transcurrir, sin causa justificada, los plazos legales sin dictar las resoluciones que correspondan”.
Enfatizó en el hecho de que, para las y los integrantes del Grupo Legislativo del PRI es importante robustecer la norma jurídica para que las y los ciudadanos puedan acceder a una justicia expedita, inmediata, imparcial y transparente; sobre todo en aquellos procedimientos que están relacionadas con la investigación de hechos de corrupción y mal uso de los recursos públicos.
En términos generales, dicha iniciativa tiene como objetivo adicionar el artículo 66 Bis a la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo para contemplar que las partes puedan formular excitativa de justicia, ante la falta de la o el Magistrado de dictar sentencia definitiva dentro del plazo establecido en la Ley; para así poder presentarla ante la persona titular de la Presidencia del Tribunal, misma que le solicitará un informe a la o el Magistrado, quien deberá rendirlo en un plazo de cinco días hábiles, y en caso de no ser rendido se tendrá como cierta la omisión.
“Estamos seguros de que esta reforma vendrá a fortalecer los derechos humanos de la ciudadanía hidalguense, otorgando un mayor grado de seguridad jurídica a quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca de justicia”, finalizó el legislador.
- “La figura de la excitativa de justicia tiene por objeto obligar a las y los jueces, magistradas y magistrados para que administren pronta y cumplida justicia, cuando hayan dejado transcurrir, sin causa justificada, los plazos legales sin dictar las resoluciones que correspondan”.
Es un hecho que el Estado debe velar por ofrecer todas las garantías de justicia e imparcialidad de sus actos frente al ciudadano, refirió Alejandro Enciso Arellano, diputado local, quien presentó una iniciativa que busca especialmente que el Tribunal de Justicia Administrativa, emita resoluciones que brinden seguridad y certeza a las y los gobernados, en tiempo y forma.
En la exposición de motivos, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que el Tribunal de Justicia Administrativa se consolida como institución en la lucha contra la corrupción, pues entre sus atribuciones se encuentra el sancionar por la comisión de faltas administrativas graves, como son: el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto y conflicto de interés, el tráfico de influencias o el nepotismo.
“Los números reflejan el creciente interés de la ciudadanía hidalguense por acceder a la justicia administrativa y fiscal, lo cual se ve reflejado en el incremento de demandas ingresadas al Tribunal, para defenderse de los actos y resoluciones emitidas por las autoridades municipales y estatales, cuando por deficiencia o exceso afectan su esfera jurídica”, manifestó.
Y agregó, “La figura de la excitativa de justicia tiene por objeto obligar a las y los jueces, magistradas y magistrados para que administren pronta y cumplida justicia, cuando hayan dejado transcurrir, sin causa justificada, los plazos legales sin dictar las resoluciones que correspondan”.
Enfatizó en el hecho de que, para las y los integrantes del Grupo Legislativo del PRI es importante robustecer la norma jurídica para que las y los ciudadanos puedan acceder a una justicia expedita, inmediata, imparcial y transparente; sobre todo en aquellos procedimientos que están relacionadas con la investigación de hechos de corrupción y mal uso de los recursos públicos.
En términos generales, dicha iniciativa tiene como objetivo adicionar el artículo 66 Bis a la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo para contemplar que las partes puedan formular excitativa de justicia, ante la falta de la o el Magistrado de dictar sentencia definitiva dentro del plazo establecido en la Ley; para así poder presentarla ante la persona titular de la Presidencia del Tribunal, misma que le solicitará un informe a la o el Magistrado, quien deberá rendirlo en un plazo de cinco días hábiles, y en caso de no ser rendido se tendrá como cierta la omisión.
“Estamos seguros de que esta reforma vendrá a fortalecer los derechos humanos de la ciudadanía hidalguense, otorgando un mayor grado de seguridad jurídica a quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca de justicia”, finalizó el legislador.