Semanas antes de que se presentará a nivel nacional el planteamiento para la ley de transparencia y la relacionada contra la corrupción, en Hidalgo ya se analizaba una propuesta para aplicar estos sistemas, aseguro el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local Ruperto Ramírez Vargas.
El diputado local del PRI, señaló que en el estado se dio de manera anticipada un planteamiento para poder realizar cambios a la Ley de la Auditoría Superior del Estado con la finalidad de que se pueda conocer de manera oportuna la forma en que se aplican los recursos oficiales en el estado y los municipios, además de que las revisiones se hagan durante los ejercicios fiscales anuales y las administraciones vigentes.
Esto es dijo para ser más oportunos en la fiscalización del gasto, los presupuestos y que esos los informes trimestrales que van a rendir las administraciones tengan como objetivo poder generar focos amarillos, verdes o rojos en relación de cómo se están administrando económicamente los municipios y los entes que dependen del estado, y que el órgano técnico del Congreso como es la Auditoría tenga las facultades de hacer una revisión hasta que termina el periodo durante el mismo ejercicio del año en que se trabaja.
Tras referir que estas son medidas positivas que obligarán a las diferentes instancias de gobierno a trabajar con mayor transparencia el legislador federal, señaló que con ello y en su momento a las autoridades actuantes se les deberá advertir que hay observaciones que deben ser aclaradas, corregidas y solventadas antes de que terminen sus respectivas administraciones.
“Estas medidas tendrán un doble efecto benéfico ya que con ello se generará una cultura preventiva y no correctiva”.
Destacó que por ello en ese sentido Hidalgo ya tiene adelantado el trabajo en ese sentido ya que con ello se busca conocer a tiempo donde se dieron las posibles fallas, errores o irregularidades y con ello poder tomar las decisiones de manera oportuna para que nadie deje cuentas pendientes y tengan tiempo de corregir, reparar y solventar.
A decir del legislador local, esto ayudará a que los costos de un acto irregular en el ejercicio del gasto tenga un menor peso en la administración pública y un mayor beneficio en favor de la población.