Los diputados locales de los diferentes grupos parlamentarios, acordaron por unanimidad, realizar cambios a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos a fin de que se amplíen los plazos de investigación y sanción contra funcionarios de los diferentes niveles de gobierno que sean acusados de incurrir en algún delito.
El legislador local del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, Víctor Trejo Carpio, refirió que con el propósito de dar mayor oportunidad a las autoridades encargadas de realizar estudios precisos y minuciosos sobre casos específicos que les sean turnados y establecer las sanciones necesarias de acuerdo a la ley.
Refirió que la reforma a la fracción I del artículo 78, que se refiere a las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para imponer sanciones, pasa de uno a tres años cuando el daño causado por el infractor no exceda de mil veces el salario mínimo diario vigente o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero, en tanto que en la fracción II se establece que la prescripción de sanciones pasa de tres a cinco años en todos los demás casos.
Precisó que la primera de las reformas aprobadas tiene como finalidad dar mayor tiempo para actuar al órgano encargado de aplicar sanciones, en tanto que la segunda armoniza el término con lo establecido en la Ley de Auditoria Superior de Hidalgo para poder actuar.
El diputado local afirmó que en ese sentido el plazo para la prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; y que en todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de responsabilidad establecido por la ley.
En tribuna se pronunció a favor de la aprobación de los cambios a la ley en la materia el diputado local del grupo parlamentario del PRI, Omar Daladier Zerón Flores, quien dijo que era necesario ampliar los plazos de prescripción para dar mayor tiempo a las autoridades involucradas en la investigación y aplicación de sanciones a funcionarios implicados en actividades delictivas.