Con el apoyo de la dirigencia estatal del PAN, campesinos de 16 ejidos de Huasca y Acatlán, denunciaron abusos y amenazas de muerte a Roberto Gabriel Campuzano Velasco, a quien conocen como cacique de la zona, y al director general de gobernación Gerardo Reyes Monzalvo, y al mismo tiempo piden la intervención de las autoridades antes de que la situación los obligue hacer justicia por propia mano.
Reunidos en la sede estatal de Acción Nacional, los comisariados ejidales de los lugares en conflicto, relataron que a más de 16 años de tener el conflicto y de acudir a todo tipo de instancias donde les han dado la razón, la situación ha empeorado al grado que piden a las autoridades del estado intervenir para evitar que decidan tomar la justicia en sus manos.
A decir de los ejidatarios, en respuesta a cada acto de inconformidad se recrudecen las amenazas de muerte las cual no descartan que se cumplen y que ante ello solamente tendrán que defenderse.
Al respecto Francisco Mayoral, uno de los afectados añadió que además de la invasión de los caminos comunales y de causa daños a sus ejidos, Campuzano, Velasco, les impide hacer uso del agua para riego de una presa que se encuentra en la zona y que ocupa de forma particular para un proyecto turístico, además de que ha invadido terrenos ejidales de Acatlan, donde antes de ello fue el principal talador de los bosques en la región.
Luego de referir que son más de dos mil las personas afectadas, los comisariados ejidales señalaron que a últimas fechas al tratar de llegar a un arreglo, solamente recibieron amenazas de muerte por parte de Roberto Gabriel Campuzano y del director general de gobernación Gerardo Reyes, a quien señalan como su ayudante, quienes en sus agresiones les han manifestado que pueden matar a uno o varios de ellos y que no pasará nada ya que son influyentes y amigos del gobernador del estado.
Al respecto el dirigente estatal del PAN Asael Hernández, manifestó que es necesario hacer un llamado a las autoridades estatales para que hagan un análisis de fondo del caso y que se dé una resolución conforme a derecho y con ello evitar que pueda haber una confrontación y hasta derramamiento de sangre.
“El llamado a las autoridades que tienen competencia en este acto donde se violan los derechos de los ejidatarios, es a que tomen cartas en el asunto porque no nos gustaría ver un derramamiento de sangre”.