Con el voto unánime de los diputados locales que conforman la Sexagésima segunda legislatura local, quedó avalada la entrada en vigor en el estado del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Procesal Acusatorio para que entren en vigor a las cero horas del 7 de junio de siguiente año, ello luego de contar con la suficiencia presupuestaria para su incursión y funcionamiento en los tribunales locales.
Durante la exposición de motivos en tribuna, la diputada local Nadia Carolina Ruiz Martínez, señaló que con la implementación de los dos instrumentos legales y judiciales antes mencionados, dará por abrogado de manera progresiva y gradual el Código de Procedimientos Penales para el Estado publicado en el Periódico Oficial el 9 de junio de 1990; y el Procesal Penal para Hidalgo publicado en el Periódico Oficial el 14 de marzo de 2011.
“Con la aprobación de la declaratoria de entrada en vigor del mencionado Código y nuevo sistema judicial en los 16 distritos judiciales del territorio hidalguense, promovida por el jefe del Ejecutivo del estado, la entidad cumple con lo descrito en las normas publicadas por el Gobierno de la República”.
Los integrantes de la sexagésima segunda legislatura local aprobaron también la reforma al artículo primero transitorio de la Ley de Justicia para Adolescente de la entidad a fin de cumplir con el plazo de implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Procesal Acusatorio.
Durante la lectura del dictamen el legislador local, Leonardo Pérez Calva, tras asegurar que dicha reforma fue propuesta por el gobernador del estado José Francisco Olvera Ruiz, señaló que los actuales sistemas judiciales en el país transitan del procedimiento semi-inquisitivo al acusatorio oral.
A favor del primero de los dictámenes, participaron en tribuna el diputado local, J. Dolores López Guzmán, y la legisladora, Mabel Gutiérrez Chávez, quien expresaron que este nuevo sistema de justicia permitirá garantizar la correcta aplicación de las leyes, el respeto a los derechos humanos y transparencia en la impartición de justicia.