La legisladora Sandra Simey Olvera Bautista, pidió al pleno del Congreso del Estado, solicitar a la Secretaría de Contraloría del ejecutivo estatal que dé seguimiento a casos de ex-funcionarios públicos de la entidad que recibirán una pensión aprobada por la administración anterior, al asegurar que con ello se contradice a las políticas de austeridad del actual gobierno.
En tribuna al abordar el tema denominado “Pronunciamiento sobre errores que afectan a las finanzas en Hidalgo”, dijo que la demanda es hacer una revisión a fondo de algunas medidas que se aprobaron en la pasada administración respecto a que por la labor realizada en favor del estado y sus habitantes, algunos ex servidores públicos tienen derecho a una pensión tan elevada.
Luego de referir que se trata de un acto totalmente arbitrario, y que además de atentar contra las disposiciones oficiales contra la corrupción, la legisladora refirió que el resultado de dichas pensiones a la ex Secretaria de Contraloría Flor de María López González, ex titular del transporte Roberto Terán Contreras y el ex director de la Policía Industrial y Bancaria Pedro Sagahón Contreras, son sin duda resultado de tráfico de influencias.
Añadió que Flor de María López, pretende jubilarse con una pensión equivalente al cien por ciento de su salario, que era de 52 mil pesos mensuales, en tanto Terán Contreras, con 25 mil y Pedro Sagahón, con 22 mil, lo que es un hecho que esto perjudicará a la clase trabajadora ya que lo que estos personajes recibirán está alejado de todo trabajador incluidos los de las dependencias en que se desempeñaron como trabajadores de confianza.
Olvera Bautista, refirió que por lo anterior, el llamado a la Contraloría del Estado es para que dé seguimiento puntual a estos casos de los tres ex funcionarios que de forma mensual recibirán una alta, en estos momentos resulta algo contrario a las políticas de austeridad que promueve el gobierno del estado, además de que se actúe conforme a derecho y se rinda un informe sobre las acciones a realizar.
”Es importante que como legisladores revisemos las Ley de Presamos, compensaciones y retiros por jubilaciones para establecer las medidas que permitan establecer un tope justo, además de que quienes protestamos no estamos en contra de que reciban una pensión digna pero quienes de verdad lo merecen por su labor para evitar actos arbitrarios al amparo de la ley.”.