Descalifica la Coparmex los dos primeros años de la actual administración federal encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguran que el sello de estos dos primeros años, no ha sido la puesta en marcha de una “transformación social”, sino el desmantelamiento de instituciones de forma irracional.
El presidente estatal del organismo Ricardo Rivera, dijo estar de acuerdo y apoyar la postura de la Coparmex nacional en el sentido de que todas las promesas de campaña y de inicio de administración están sin cumplirse y pareciera que sí va a ser todo el sexenio porque dijo, ni se acabó con la corrupción, ni se resolvió la inseguridad pese a ser los principales compromisos que debían cumplirse en el primer tramo del sexenio, además de que se había mencionado que estos primeros años servirían para sentar las bases de una transformación profunda de la vida pública y social de México.
El empresario, afirmó: “En realidad, hemos sido testigos de un peligroso desmantelamiento institucional que ha vulnerado a los órganos autónomos; de un desmantelamiento legal de las reformas estructurales y sus impactos benéficos mediante el uso de una mayoría parlamentaria irreflexiva; de la cancelación de políticas públicas como el Seguro Popular que beneficiaban a los más vulnerables y necesitados”.
Señaló que en la Coparmex han realizado un minucioso análisis de los siete principales ejes estratégicos y de interés público a manera de balance tras los primeros dos años de este gobierno, entre los que destacan los relativos en materia de economía y mejores empleos, lo cual se ha quedado en promesas ya que se estima que México va crecer solo un seis por ciento al final del sexenio.
Señaló que, los hombres de negocios lamentan profundamente que no se concretaron las intenciones manifestadas por algunos legisladores para reformar la Ley General de Salud, a fin de hacer un uso discrecional del dinero del Fondo de Salud para el Bienestar.
Añadió que quitarle 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para el Bienestar es dañarlo significativamente, ya que con ello se deja sin esperanza a los miles pacientes de todo el país que necesitan de dichos recursos para atender sus enfermedades graves, además de mencionar que desde 2012, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se atendieron aproximadamente un millón de casos de padecimientos con un alto costo.
El argumento del gobierno federal a decir de Rivera Barquín, es que se requieren los 33 mil millones de pesos para atender la pandemia de COVID-19, pero nada garantiza que esto sea así porque los recursos aseveró, pasarán a una bolsa en la Tesorería de la Federación sin justificación alguna, sin control, sin transparencia y con toda opacidad, lo que enfatizó, es inadmisible.