El presidente de la junta de gobierno de la sexagésima quinta legislatura local, Francisco Berganza Escorza y la presidenta de la mesa directiva del mes en curso, Elvia Yanet Sierra Vite, anunciaron que ante el bloqueo de los accesos al poder legislativo es probable que se tenga que actuar legalmente en su contra.
Por medio de un comunicado, informaron que a partir del día 8 del mes en curso, todos los accesos a las instalaciones del Congreso del estado fueron bloqueados por integrantes de la organización Movimiento Social por la Tierra (MST), quienes en un primer momento demandaron la instalación de una mesa de trabajo con las y los diputados Presidentes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sostenible, teniendo plena disposición de sus titulares para atenderles de forma inmediata.
Así también, dieron a conocer que una vez que se informó, por parte de la Junta de Gobierno, de la disponibilidad de las y los diputados para cumplir esta demanda, su líder, Francisco Chew Plascencia, afirmaron, se negó a designar una comisión y cambió su solicitud, argumentando que su interés ahora era ser atendido únicamente por el Presidente de la Junta de Gobierno Francisco Xavier Berganza Escorza, modificando la demanda inicial y sin respetar el acuerdo planteado desde un inicio.
Manifestaron que pese al bloqueo, el Congreso ha mantenido sus actividades regulares de trabajo, tanto de manera presencial como virtual, y así continuarán, siempre apegados a la normatividad, además de referir que de prevalecer esta situación, sin duda actuarán conforme al estado de derecho.
Se precisa en el comunicado: “Las y los diputados integrantes de la LXV Legislatura hacemos del conocimiento de la sociedad hidalguense lo siguiente: Esta Soberanía reitera su compromiso de sostener un diálogo respetuoso y transparente con la ciudadanía que así lo demande, como se ha demostrado desde el inicio de los trabajos de esta Legislatura.
Añadieron que siempre estarán a favor del derecho a la libre manifestación, además de que el Congreso no tolerará, bajo ninguna circunstancia, que se quiera desvirtuar el diálogo y se recurran a mecanismos de chantaje e intimidación, toda vez que se ha demostrado la disposición de brindar atención a quien lo solicite, por lo que no se descarta la posibilidad de actuar legalmente en consecuencia.