Al cabo de más de un año, por fin el Senado de la República aprobó este día la iniciativa de Omar Fayad Meneses para sancionar a quien “ordeñe” ductos y a estaciones de gasolina que vendan litros incompletos.
Se trata de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, que hoy se aprobó en lo general por mayoría.
En noviembre de 2014, Omar Fayad presentó la iniciativa en el Senado. En marzo de 2015, fue aprobada y remitida a la Cámara de Diputados, y el 5 de noviembre se turnó a su Comisión de Justicia.
Finalmente, el 10 de diciembre pasado se aprobó el dictamen con modificaciones y regresó a la Cámara de Senadores, donde hoy se aprobó y envió al Poder Ejecutivo, para su publicación e inmediata entrada en vigor.
“El objetivo es sancionar las actividades delictivas relacionadas con hidrocarburos, principalmente las que realiza la delincuencia organizada, así como crear tipos penales para sancionar las conductas con penas acordes al daño que ocasionan”, indicó Omar Fayad en tribuna legislativa.
El senador hidalguense dio a conocer que el robo de hidrocarburos ha crecido de tal modo que, mientras en el año 2000 se detectaron 155 tomas clandestinas, del año 2012 a la fecha se han encontrado 6 mil 210 tomas, a lo largo de 68 mil kilómetros de ductos en el país.
Tamaulipas, con 601 tomas clandestinas, es uno de los estados más afectados, así como Guanajuato con 557 tomas; Puebla, con 538; Estado de México 319; Jalisco, con 275; Veracruz, con 257, e Hidalgo con 191.
Omar Fayad lamentó casos como el ocurrido el 7 de septiembre pasado, cuando en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, a causa de una toma clandestina 300 personas fueron evacuadas de sus hogares, ante el riesgo que corrían sus vidas.
“No podemos olvidar el lamentable suceso de San Martín Texmelucan, en Puebla, donde una toma clandestina explotó y causó la muerte de 30 personas, 12 heridos, 154 damnificados, 89 casas quemadas y 40 vehículos calcinados, además del incendio de 2 torres de alta y mil metros de cableado de CFE”.
El senador dio a conocer que hoy en día los cárteles cuentan con divisiones energéticas, como si fueran corporativos, dedicados al robo de hidrocarburos, y se han aprovechado del vacío legal, que facilita la comisión de estos delitos, y citó cifras de PEMEX, según las cuales el erario nacional pierde 40 mil millones de pesos anuales por este delito.
Esta legislación castiga con multas que van de 15 a 25 años de prisión y multas de hasta 1 millón 750 mil pesos a quien sustraiga y distribuya hidrocarburos de forma ilegal.
También, de 1 a 5 años de prisión y multas de hasta 490 mil pesos a todo servidor público que tenga conocimiento de algún delito y no lo denuncie.
La pena máxima busca proteger la salud de las familias y el medio ambiente; se sanciona con 35 años de prisión y multas de hasta 2 millones 600 mil pesos a quien provoque daños a los recursos naturales, los ecosistemas y al ambiente.
“Con las modificaciones realizadas por todas las fuerzas políticas, se enriqueció este proyecto de decreto, contemplando todo el abanico de conductas delictivas y las sanciones que permitan reducir la comisión de estos delitos, en absoluto respeto a los derechos humanos y en cabal cumplimiento de todos los preceptos constitucionales.
“Estamos creando nuevos tipos penales con los que se sancionará a quien sustraiga, negocie, transporte, distribuya u oculte hidrocarburos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios y distribuidores, o de quien pueda disponer de ellos con apego a la ley”, destacó Omar Fayad.