Ante las actuales circunstancias de agresión a las mujeres a través de las redes sociales donde son exhibidas, la activista Ana Lara se pronunció por trabajar y aprobar la Ley Olimpia o profundizar y reformar el artículo 183 Bis del Código Penal, para proteger a la mujeres de que sean víctimas de violencia digital con la utilización sin consentimiento de material.
Recordó que en días pasados se dio a conocer el caso de la candidata a regidora del partido Podemos por el municipio de Actopan Carlynn Houghton, quien fue víctima de abuso sexual hace cuatro años y las fotografía de ese delito fueron compartidas recientemente en redes sociales como parte de una violencia política de género por lo que se ha pedido que los hechos sean investigados y los responsables de la difusión del material, castigados con todo el rigor de la ley.
Por lo anterior, la activista en mención quien forma parte de la organización Colectiva de Mujeres contra la Violencia, dijo que este caso pone nuevamente en discusión la necesidad de garantizar la intimidad de las mujeres y el castigo a quienes difundan material fotográfico o en video sin el consentimiento de las afectadas.
Al respecto manifestó que en el estado se mantiene hasta el momento en la congeladora la llamada “Ley Olimpia” por medio de la cual señaló, se busca proteger a la ciudadanía de la violencia digital de delitos de acoso sexual, trata de personas, amenazas, así como el ciber-acoso en espacios digitales.
Es necesario insistió, que esta ley sea aprobada ya que si bien las autoridades señalan que ya hay instrumentos jurídicos que brindan protección a las mujeres este no es suficiente.
La activista señaló que el Código Penal señala el artículo 183 Bis refiere: la misma pena se refiere al artículo anterior se impondrá a quien sin consentimiento de quien pueda otorgarlo publique, difunda o comparta a través de cualquier medio, conversaciones, imágenes, audios o Videos de carácter sexual, erótico o pornográfico este delito se perseguirá por querella.
Al mismo tiempo precisó que es incompleto, ya que no hay perspectiva de género, no atiende conductas como el acoso, el hostigamiento, amenazas y vulneración de los datos de información privada. “Debe de ser revisada esa normatividad y hacerla progresiva, porque falta la descripción de algunas conductas”.