A un año de la actual administración estatal a cargo del gobernador Julio Menchaca Salazar, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se colocó como la más efectiva del país en cuanto a personas imputadas vinculadas a proceso, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Dicho informe, se publicó en octubre de 2022 y en él se destacó que este organismo logró el 98.4 por ciento de efectividad en vinculaciones a proceso, contra el 1.6 de no vinculaciones a proceso, en el Sistema Penal Acusatorio.
La política pública de cero tolerancia a la impunidad, implementada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo alineada a la estrategia estatal del Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar, colocaron a la entidad con el mayor porcentaje del país, en materia de vinculaciones a proceso.
De acuerdo con los resultados del censo, de 2 mil 607 personas procesadas o imputadas durante 2022, en el estado de Hidalgo, el 98.4 por ciento (2 mil 567) fueron vinculadas a proceso, mientras que solo el 1.6 por ciento (40 personas) no fueron vinculadas a proceso.
En cuanto a efectividad, por debajo de la PGJEH a cargo de Santiago Nieto Castillo, se ubicaron los estados de Sonora (96.2 por ciento), Nayarit (96 por ciento), Puebla (95.9 por ciento), Querétaro (94.9 por ciento) y Chiapas (94.6 por ciento).
Respecto al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la PGJEH junto con las Fiscalías de Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco consiguieron que la totalidad de personas imputadas fueran vinculadas a proceso, lo que representa una efectividad del 100%.
De acuerdo con el INEGI, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, tiene el objetivo de sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes, justicia alternativa y/ o mecanismos alternativos de solución de controversias, servicios periciales y defensoría pública.
Esto con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dichas funciones.
