- — César Augusto Santiago indicó que la vigencia plena de esa norma habría evitado tragedias como la de Cadereyta
— Lamentó que el secretario Alejandro Poiré se limite a ofrecer condolencias y a condenar los hechos en turno
— No descartó solicitar a la ASF revisar el desempeño del Instituto Nacional de Migración y de la propia SEGOB
A propuesta del PRI, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la conformación de una Comisión Plural que se reunirá inmediatamente con Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, a fin de exigir la publicación del reglamento de la Ley Migratoria, cuya vigencia habría evitado tragedias como la de Cadereyta, Nuevo León.
En voz de César Augusto Santiago, manifestó que nunca antes, la migración en territorio nacional había enfrentado las condiciones de violencia y de injusticia actual; por lo que es urgente saber qué acciones y medidas está tomando el gobierno federal para evitar los crímenes oprobiosos en contra de migrantes nacionales o que cruzan territorio nacional hacia los Estados Unidos.
César Augusto advirtió que no pediría la comparecencia de Poiré Romero, porque el secretario se ha convertido en experto para salir a los medios y expresar sus condolencias, condenar el incidente en turno, anunciar que se abrirá una investigación y ahora también asumir que la responsabilidad es federal.
“¿Qué quiere decir eso? han matado candidatos, a niños, mujeres embarazadas, hay retenes en el país, el Ejército está en todos lados, están matando gente inocente, aparecen colgados en Nuevo Laredo, calcinados en Guerrero, descuartizados en Nuevo León”, cuestionó.
Al advertir la posibilidad de que el titular de Gobernación haya incurrido ya en falta, el legislador priista no descartó que se solicite a la Auditoria Superior de la Federación una investigación excepcional, para revisar el desempeño del Instituto Nacional de Migración y de la propia Secretaría de Gobernación con relación al tema migratorio.
Además, lamentó que la tardanza en emitir los reglamentos se haya convertido en una práctica recurrente del gobierno federal, toda vez que a la fecha tampoco se han publicado los correspondientes a leyes tan importantes, como las relacionadas con la violación a los Derechos Humanos y a la Trata de Personas.
Santiago Ramírez aseguró que los crímenes en contra de los migrantes en territorio nacional, son otra de las desafortunadas secuelas que el gobierno del presidente Felipe Calderón heredará a los mexicanos, pues nunca antes, se había visto la recurrencia a crímenes tumultuarios con altísimos índices de violencia y depravación.
Recordó que nuestra nación había mantenido una larga tradición de respeto a los migrantes, de asilo y refugio a los perseguidos políticos de todo el mundo, sin soslayar que, en los últimos años, el tratamiento de los asuntos delincuenciales ha sido un fracaso que ha dejado miles de muertos y ha dado paso a una subcultura de la violencia que ha escalado a niveles de crueldad nunca imaginados en el territorio nacional.
“Como explicación simplista y elemental el gobierno federal pretendió englobar todo dentro de su concepción de crimen organizado, más que como una política para atender el fenómeno como una excusa para ocultar su incapacidad”, indicó.
Mencionó que la aprobación de la Ley de Migración, fue una respuesta oportuna y unánime del Congreso, para que el Ejecutivo Federal obtuviera mejores herramientas legales en la materia, incluso con el reconocimiento de la comunidad internacional.
Resaltó que cuando se comenzó a exigir la publicación del reglamento, correspondiente a la Ley de Migración, cuyo plazo expiró en noviembre pasado, ya se alertaba en que los efectos preventivos podrían evitar otra catástrofe como la de San Fernando.
“El espectáculo dantesco de esta nueva carnicería en Cadereyta, no puede ya ocultarse con las repetidas condenas, las giras del secretario Alejandro Poiré o los reclamos airados de quienes están limitados a la protesta ante un Ejecutivo Federal pasmado”, sentenció.
En tanto, Carlos Flores Rico coincidió en que la omisión del Ejecutivo Federal, cuya responsabilidad es la elaboración y promulgación del reglamento de la Ley de Migración, es un síntoma más del conjunto de omisiones que estamos padeciendo, porque el mismo caso ocurre también con el presupuesto de dicha norma.
En cuanto a la fallida estrategia federal para detener la violencia e inseguridad, el legislador priista aseguró que en el fondo subyace el grave problema de la impunidad, entendida como un quiebre del Estado de Derecho, para que quien comete un delito, pueda ser llevado al poder jurisdiccional y pueda ser sancionado en el sistema carcelario.
“No hay una práctica preventiva, no hay una política de prevención, no hay una policía preventiva eficaz, no hay un sistema de consignación y procuración correcto y eficaz; no hay un sistema judicial expedito, pronto y eficiente, y no hay por supuesto tampoco al final, un sistema carcelario que reivindique y reinserte”, puntualizó.