La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que “todo parece indicar” que el exmilitar Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y acusado de participar en una red de contrabando de hidrocarburos, será trasladado próximamente a territorio mexicano.
“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La mandataria precisó que todavía desconoce cuándo podría concretarse el procedimiento para trasladar a Farías Laguna a México, donde es requerido por la Justicia por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
“No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí (será trasladado)”, expresó.
La presidenta explicó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el procedimiento y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participar en las gestiones para concretar el traslado.
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que el lunes medios mexicanos aseguraran que el excontralmirante llegaría este mismo martes al país extraditado desde Argentina.
Sin embargo, la defensa legal de Farías Laguna señaló que no existe ninguna notificación oficial sobre el traslado del exmarino a México, quien permanece bajo prisión preventiva con fines de extradición.
El pasado 24 de abril, el contralmirante fue capturado en Buenos Aires, Argentina, tras permanecer prófugo desde el 2025, con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.
Desde entonces, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha buscado el traslado de Faría Laguna a México, primero a través de una deportación y luego por medio de una extradición.
El mexicano, de 47 años, es requerido por un juzgado federal del Estado de México dentro de una causa por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.
Según la investigación, Farías Laguna habría integrado desde 2023 una estructura conformada por funcionarios públicos, empresas privadas y miembros de las Fuerzas Armadas dedicada al ingreso ilegal a México de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.