Por: Diego Herrera
El Gobierno de México ha puesto en marcha una ofensiva diplomática y judicial para asegurar el retorno inmediato del contralmirante Fernando Farías Laguna, capturado recientemente en Buenos Aires. Tras confirmarse su detención mediante una ficha roja de Interpol, la administración federal busca evitar el largo proceso de extradición y apuesta por una deportación expedita, fundamentada en el ingreso ilegal del mando naval a territorio argentino con documentación falsa.
Farías Laguna, identificado como el cerebro detrás de una sofisticada red de «huachicol fiscal», es una pieza clave en el rompecabezas de corrupción que ha sacudido las estructuras de la Secretaría de Marina (SEMAR). Su captura en el Cono Sur no solo representa el fin de su huida, que inició en agosto de 2024 tras evadir una audiencia judicial, sino que marca un punto de inflexión en la lucha contra el contrabando de hidrocarburos que desangra las finanzas públicas.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue enfática al señalar que la prioridad es la deportación. El argumento jurídico es sólido: Farías Laguna ingresó a Argentina utilizando un pasaporte apócrifo de Guatemala, lo que constituye una violación migratoria flagrante que faculta a las autoridades argentinas para su expulsión inmediata hacia su país de origen.
«Se está solicitando la deportación y, en caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación dado que entró de manera ilegal a Argentina», afirmó la mandataria, subrayando que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya coordinan esfuerzos con sus contrapartes en Buenos Aires.
La red liderada por Farías Laguna operaba con una precisión quirúrgica en los puertos de Altamira y Tampico. El esquema no consistía en el robo físico de ductos, sino en un fraude documental masivo: declaraban el ingreso de combustibles bajo fracciones arancelarias incorrectas para evadir impuestos.
Este caso representa un golpe significativo a las estructuras de corrupción y refuerza la estrategia federal contra el robo y contrabando de combustibles, un delito que ha sido prioridad en la agenda de seguridad nacional. El Gobierno de México ha refrendado su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad.