Por: Diego Herrera
La muerte de dos funcionarios estadounidenses en Chihuahua ha provocado una crisis diplomática y constitucional, obligando al Gobierno de México a reconocer la participación de agentes extranjeros en operativos tácticos contra el narcotráfico. Lo que inicialmente fue reportado como un accidente durante «prácticas de capacitación» ha escalado tras revelarse que los fallecidos eran agentes encubiertos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, en lo profundo de la sierra de Chihuahua. El vehículo en el que viajaban los agentes cayó por un barranco. En el siniestro no hubo sobrevivientes; junto a los dos oficiales de la CIA, perdieron la vida dos funcionarios estatales.
Aunque la versión oficial del Gobierno de Chihuahua, encabezado por Maru Campos, sostenía que los estadounidenses se encontraban impartiendo un curso de manejo de drones, investigaciones de medios internacionales como The Washington Post y The New York Times confirmaron su pertenencia a la CIA.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contradijo la versión estatal durante su conferencia matutina, señalando que los agentes estaban participando activamente en una misión conjunta para desmantelar un narcolaboratorio.
«Estamos investigando qué estaban haciendo estas personas y de qué agencia son. Hasta ahora la información es que sí estaban trabajando conjuntamente. Tiene que hacerse toda la investigación para saber si se violó la Constitución y las leyes mexicanas», afirmó la mandataria.
La presencia de agentes de inteligencia extranjeros operando en territorio nacional sin el conocimiento o autorización del Gobierno Federal plantea serias interrogantes sobre la soberanía nacional y el cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, que regula la actuación de agentes extranjeros en México.
El operativo en el que participaban los agentes tenía como objetivo uno de los centros de producción de droga sintética más grandes detectados recientemente en el país. El accidente ocurrió a seis horas de distancia de la zona del operativo, cuando el grupo regresaba de las labores de desmantelamiento.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad y la profundidad de la cooperación con agencias de Estados Unidos. Mientras la Casa Blanca ha criticado la falta de seguridad para sus elementos, el Gobierno de México exige explicaciones sobre la naturaleza exacta de la misión y el nivel de involucramiento de la CIA en operativos de campo, una práctica que históricamente ha sido motivo de fricción entre ambas naciones.
Los cuerpos de los agentes estadounidenses ya han sido repatriados, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído la investigación para determinar las responsabilidades legales y las posibles omisiones por parte del gobierno estatal de Chihuahua.