Por Diego Herrera
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha iniciado una investigación formal contra el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras las denuncias sobre la estancia de su hijo, Marcelo Patrick Ebrard, en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres durante su gestión como canciller.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la apertura de esta indagatoria durante su conferencia matutina, señalando que el proceso se activó de manera automática tras recibir quejas y solicitudes ciudadanas.
Marcelo Patrick Ebrard vivió en la sede diplomática británica al menos entre junio de 2021 y enero de 2022. Durante ese periodo, el joven de entonces 26 años, quien realizaba estudios de psicología, habría tenido a su disposición servicios de mayordomo, cocinera y personal de limpieza, todos financiados con recursos públicos destinados a la operación de la embajada.
El secretario de Economía ha defendido la legalidad de la estancia, argumentando que su hijo fue invitado directamente por la entonces embajadora en el Reino Unido, Josefa González-Blanco. Ebrard sostuvo que la conducta de su hijo fue «intachable» y que incluso colaboró en la organización de una exposición sobre salud mental durante la pandemia.
La investigación de la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, se centrará en determinar si existió un abuso de autoridad o uso indebido de recursos públicos. El Código de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), firmado por el propio Ebrard en 2021, prohíbe explícitamente conceder privilegios o aprovecharse del cargo para beneficio personal o familiar.
A esta indagatoria administrativa se suma una denuncia penal presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR). La querella acusa a Ebrard y a González-Blanco de presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público, peculado y uso indebido de atribuciones.
Mientras Ebrard insiste en que «no se usó ningún recurso indebidamente» y que su decisión respondió a la preocupación de un padre por la salud de su hijo en el extranjero, la presidenta Sheinbaum ha evitado respaldar directamente esta postura, delegando la responsabilidad de la resolución a las instancias legales y jurídicas correspondientes.
Este caso representa uno de los pocos precedentes de una investigación activa contra un miembro del gabinete presidencial en funciones, lo que pone a prueba los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia del actual gobierno.