Un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada al vicealmirante Manuel Roberto “F”, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como a nueve integrantes de la Secretaría de Marina, acusados de delincuencia organizada ligada al tráfico ilegal de hidrocarburos en Tampico, Tamaulipas.
Durante una audiencia que duró más de 18 horas, se reveló que los señalados habrían permitido la entrada de millones de litros de diésel al país, simulando que se trataba de aditivos; además el juez reclasificó el delito como delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, aunque consideró atenuantes para los detenidos.
En el caso del vicealmirante Emanuel Roberto “N”, se determinó que tenía funciones de dirección que, aparentemente, le permitieron preparar y dar el visto bueno de perfiles que operarían en esta estructura criminal.
Mientras que Climaco “N” y Humberto “N” también habrían desempeñado trabajos de dirección en esta estructura, con la designación de servidores públicos en distintas aduanas, además de recibir dinero.
En lo que respecta a Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”, todos ellos enfrentan procesos por la posible simulación de revisión de los buquetanques en distintos grados: desde evitar inspecciones con cámaras de vigilancia, hasta la entrega de supuestas muestras, entre otros.
Tras analizar los datos de prueba de la fiscalía, sobresalieron algunas declaraciones, entre las cuales destaca la de Rubén Guerrero Alcántara, quien habría dejado un manuscrito antes de ser asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, presumiblemente por denunciar estas irregularidades. Aparentemente, su testimonio fue clave en este ejercicio, al igual que el de otros perfiles como el testigo protegido “Santo” y los de “JH” y “HRV”, quienes habrían aportado evidencia sobre el modo de operar de esta estructura, que entre 2024 y 2025 habría permitido el ingreso a territorio mexicano de 32 barcos con diésel, pero reportados como aditivos, lo que significó un daño económico en perjuicio del Estado.
Para ello, hubo la participación de autoridades y otros personajes que recibieron dinero para facilitar estos actos.