La investigación vigente del presunto abuso sexual y violación en contra de dos menores de edad en Zimapán, da una nueva oportunidad para que la procuración y administración de justicia en Hidalgo, demuestren que trabajan para favorecer a las víctimas y no para encubrir a presuntos responsables con influencia política, económica y social y menos a diputadas aunque estas provengan del mismo partido en el poder, como parece en este caso.
Las órdenes de aprehensión libradas por un juez de control local, que no federal, desde mediados de este mes, se basaron no en la presión mediática que se hace de este caso, sino en pruebas periciales y dictámenes, esos sí, de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Procuraduría del Estado de Hidalgo (PGJEH), que están integradas en la carpeta de investigación número 20-2022-00190.
En este mismo expediente de más de mil fojas, aparece la acusación directa de las menores E.D.E.T e Y.M.E.T en contra de Arturo Williams T.L; Eva M. H.; Ixshell T.L., Eduardo Bibiano. B. y la diputada morenista Alhely Medina, las cuales fueron calificadas por la autoridad como violación, abuso sexual equiparado y abuso sexual agravado.
Paralelamente, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) mantiene una investigación por pornografía infantil, la cual está en proceso de integración contra las mismas personas.
Las menores han hecho los señalamientos contra la diputada y cuatro personas más, a través de diferentes pruebas desde la conocida como “antena” que realiza el DIFH Hidalgo hasta la Cat-a de la FGR, que se detalla en la foja 2500 además de las psicológicas públicas y privadas y en ellas hay coincidencias y señalamientos concretos que han sido concatenados.
Por su lado, la diputada Alhely Medina, alegó en todo momento inocencia y rechazó estar mencionada o involucrada en la investigación judicial, convenció a su bancada y algunas legisladoras salieron en su defensa, otras callaron pero creyeron y hasta facilidades tuvo para ausentarse sin tener que pedir licencia desde el pasado 16 de abril en que decidió huir.
Sí la legisladora morenista está convencida de su inocencia, enfrentaría las acusaciones con una adecuada defensa legal y estaría a disposición de las autoridades y no pondría tierra de por medio como lo hizo.
Pero negar y rechazar todo, sin aportar una prueba técnica, jurídica o pericial, ha sido su estrategia que hasta ahora, no ha sido tan eficiente como ella y su familia esperaban.
Y es que no es lo mismo enfrentar señalamientos mediáticos, lonas, cartulinas y protestas de transportistas, que una orden de aprehensión, quizá por eso decidió fugarse, o tal vez no cree en las instituciones judiciales del nuevo régimen al que pertenece y que dice defender, como para someterse a un juicio, quizá por eso y porque puede ser responsable, la diputada huyó.
De mi tintero…Tardaron semanas en decidir qué hacer con el caso de la mencionada diputada Alhely Medina en el Congreso local, debatieron “sesudamente” desde la secretaría de servicios legislativos a cargo de Jesús López Serrano, pero las ideas no daban para mucho, así que optaron por la salvadora “licencia temporal” y que el tiempo se encargue de agotar este recurso para llegar a la licencia definitiva, cuando lo más fácil era dar señales de estar de lado de la legalidad y de paso ayudar a sortear la crisis, impulsándola a separarse, para que enfrente su proceso y demuestre su inocencia como tanto pregona, pero no, optaron por el encubrimiento….Puede ser legal que el alcalde de Tianguistengo, Febronio Rodríguez, gaste su dinero como bien le venga en gana, contratar al artista de narcocorridos que desee como lo hizo, pero no es moral ni legítimo de una autoridad que pregona austeridad, honestidad y congruencia en una de las zonas más pobres del estado.