Mediante Sesión plenaria, vía virtual, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) ordenaron al presidente municipal de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, y al tesorero del Ayuntamiento, Javier López Jiménez, reparar los agravios por violencia política en razón de género sustentados por Malinalle Xolosochtl Gámez Cedillo, en su carácter de segunda regidora propietaria, bajo el expediente TEEH-JDC-059/2020.
Derivado de minucioso análisis y de acuerdo con Tratados Internacionales, los Códigos federal y local y protocolos para la atención de violencia política con razón de género; la ponencia a cargo de la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo expuso que quedó acreditada la vulneración al derecho político de Gámez Cedillo, a quien le fue negado el acceso presencial y virtual por medio de la plataforma Zoom durante las sesiones de cabildo celebradas: el 30 de enero, 22 de mayo y 11 de junio del presente año, además de negársele el derecho a expresarse.
Al edil y tesorero se les prescribió abstenerse de realizar acciones u omisiones que tengan la intención de molestar el ejercicio de la regiduría; Rivera Villanueva deberá ofrecer una disculpa a través de una sesión pública en un plazo no mayor a tres días y difundirla en los estrados públicos de la presidencia municipal por un periodo de 30 días; por su parte, López Jiménez deberá realizar el pago correspondiente a la dieta de la primera quincena de junio e informar su cumplimiento a este órgano jurisdiccional.
Mixtega Trejo reiteró que, a fin de evitar conductas verbales y psicológicas en contra de la regidora, que menoscaben y le impidan el ejercicio pleno de sus funciones; deberán gestionar en un plazo de tres días ante el Instituto Hidalguense de las Mujeres un curso relativo a la erradicación de la violencia política en razón de género, al cual deberán asistir todos los integrantes del Ayuntamiento de Zimapán, principalmente el edil y el tesorero. Además, en caso de reincidencia será considerado un desacato a la resolución.
Cabe destacar que el TEEH dio vista, mediante oficio, al Instituto Hidalguense de las Mujeres, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a la Subprocuraduría de Asuntos Electorales y otras autoridades para que en el ámbito de sus competencias tomen parte.
El pleno de este órgano jurisdiccional dio un plazo de cinco días para el cumplimiento de la sentencia, caso contrario serán acreedores a una medida de apremio.
En otro asunto, fue sobreseído el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (TEEH-JDC-042/2020), promovido por Hugo Germán Jardinez, en su calidad de precandidato propietario a presidente municipal por Cuautepec de Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN), quien señaló a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN por violentar la exhaustividad, imparcialidad, objetividad y certeza del proceso interno de selección de candidatos.
Bajo esa premisa, Germán Jardínez promovió la nulidad de la elección; acción que quedó sin materia debido a que el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebraron un convenio de candidatura común, en el cual se estableció que el PRD será quien encabezará, explicó la magistrada presidenta María Luisa Oviedo Quezada.
El pleno del TEEH resolvió el cumplimiento de la sentencia principal en los términos que fue aprobada; tras analizar el Incidente de Inejecución de Sentencia (TEEH-JDC-006/2020 y sus Acumulados-INC-1), interpuesto por Héctor Rodríguez López y otros, en su calidad de regidores propietarios del Ayuntamiento de Atotonilco de Tula, quienes acusaron la falta del pago de sus percepciones por el ejercicio de sus funciones y la parte proporcional del aguinaldo que quedó asentado en la sentencia del juicio inicial.
De tal caso, la magistrada presidenta María Luisa Oviedo Quezada exhibió que el edil de dicha demarcación Raúl López confesó no haber cumplido la sentencia debido a que el recurso fue aplicado a acciones para abatir la pandemia por Covid-19, además que están sujetos a un nuevo procedimiento de responsabilidad; sin embargo, Oviedo Quezada argumentó que el salario no puede ser sujeto de retención y más aún si se violenta la presunción de inocencia.
Por ello, los magistrados ordenaron al presidente municipal Raúl López y a la tesorera Natalia Tovar dar cumplimiento a la sentencia principal, es decir el pago de sus percepciones a los actores y su actualización a los meses que han transcurrido, desde la segunda quincena de marzo del presente año hasta las que se sigan venciendo; así como el proporcional de su aguinaldo. Además dio vista a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo para que dé cuenta de lo relatado por el Edil de Atotonilco de Tula referente al destino de los recursos.
Establecieron 50 o más la unidad como medida de apremio por el desacato a la sentencia principal. En caso de incumplimiento serán acreedores a una sanción de apremio mayor y se dará vista al Congreso Local para que en el ámbito de sus facultades determine lo pertinente.