Uno de los fenómenos que se ha exacerbado en los últimos meses es el que involucra a los delitos de todo tipo, a la violencia en todas sus formas y la inseguridad en todas las comunidades y colonias del país.
Es, sin duda y por mucho, el problema número uno del país.
Es un fenómeno cuya solución se administra en la esfera política y se padece en todos los niveles de la dimensión social.
Para su solución, todos podemos observar que hay diferentes tipos de acciones, programas, visiones, estrategias, y resultados, en los diferentes órdenes de gobierno, en el sector privado y hasta en los hogares de México.
Hay quienes dicen que las masacres se resuelven con balas de más grueso calibre; hay quien proponen cambiar balazos por abrazos; hay quienes no tienen más remedio que comunicar y visibilizar, sin clasificación, los eventos policiacos que suceden en el día a día; hay quienes tratan de incorporar las mejores herramientas tecnológicas y de coordinación profesional a sus sistemas institucionales de seguridad; y hay quienes tratan, desde sus trincheras, de atender las “zonas grises” del marco jurídico para darle “dientes”, punitivos y expeditos, a las nuevas y variadas instituciones creadas para el combate al delito.
Y todo esto en un solo México, en un solo momento histórico y frente a una sociedad que principalmente recibe los embates de esa delincuencia.
No hago uso de esta tribuna para culpar a ningún orden de gobierno, a ninguna corporación policiaca, ni a las madres de familia, ni al tráfico internacional de armas.
Quiero hacer reflexionar a esta legislatura de que estamos ante un problema social, sistémico, estructural, y hasta antropológico, como dicen las leyes: “de orden universal e indiscriminado”, es decir, obligatoriamente de todos.
Es una invitación para que no participemos, con un mal trabajo, en esta era que algunos llaman de la “ignorancia violenta”.
Podemos ver el grave fenómeno nacional solo con datos duros o con “otros datos”.
Podemos ver el problema con optimismo, con pesimismo o a partir de corazonadas y conjeturas doctrinarias.
Pero hoy quiero expresar mi opinión, y mi propuesta de atención, desde una óptica integrada, sistémica, y sobre todo de evidencias claras, inapelables, más científicas.
El semáforo delictivo en México, a septiembre de 2019, registra lo siguiente:
- Once tipos de delitos, 8 en rojo y 3 en amarillo.
- El tipo de delito más numeroso es la Violencia familiar (17,421)
- Hay tres delitos que están desagregados, pero que juntos, visibilizan lo que les sucede a las clases más desprotegidas en materia de seguridad: el Robo a vehículo, el Robo a negocio y el Robo a casa. Juntos registran, prácticamente, 30 mil casos.
- Y de manera notable, los que menos registros tiene el semáforo delictivo, son los de Extorsión (684); Secuestro (99) y FEMINICIDIOS (91)
- Finalmente, destaca la variación tan grande en la Percepción de Inseguridad de los mexicanos por estado:
- Solo el 37% de los yucatecos percibe inseguridad en su entidad, mientras que en Tabasco esta percepción se triplica hasta el 90%.
- Afortunadamente, el semáforo delictivo ubica a Hidalgo, con detalle diferenciado a nivel municipal, y a partir del Programa “Hidalgo Seguro”, entre el promedio nacional y la meta: más cercano a la meta que al promedio nacional.
De este semáforo delictivo se desprenden 3 grandes lecciones para todos:
- Que México es, como siempre, un mosaico muy variado, también en lo delictivo, y que por lo tanto requiere una visión, una planeación y una estrategia de soluciones igualmente variada contra la inseguridad, a nivel de municipios y de estados. Una estrategia única no es viable.
- Que a este sistema de indicadores DELICTIVOS, para estar acorde con la realidad y la auténtica percepción ciudadana, le falta mayor precisión, atención y cobertura, a delitos muy frecuentes, polémicos, mediáticos y muy delicados, como los “crímenes de cuello blanco” incluida la corrupción, el aun muy presente “capitalismo de cuates”, y los delitos financieros y fiscales.
- Que los legisladores podemos subir a tribuna, más fácilmente, por un feminicidio local (que el semáforo preocupantemente registra solo 91 casos en el país), pero difícilmente subimos por la dramática situación que los niños y las madres padecen en sus hogares, CON MAS DE 17 MIL REGISTROS, y que son, si lo pensamos bien, la fuente de todos los demás delitos.
Parece que preferimos más la poderosa coyuntura mediática, y nos sumamos a lo que la gran socióloga política Hannah Arendt (jana arent) teorizó como “la banalización del mal”, ese concepto que afirma que “personas capaces de cometer grandes atrocidades pueden ser gente aparente y perfectamente “normal”
Un somero análisis de los diarios permite ver que igual aparecen en “8 columnas” tanto los nuevos casos de huachicoleo en Hidalgo, como el sintomático zafarrancho legislativo por darle o no darle “dientes” a la Unidad de Inteligencia Financiera, como el grave feminicidio más reciente en la entidad.
Pero los problemas profundos, estructurales, antropológicos, muy recurrentes, sistémicos, verdaderamente graves, no son atendidos con la correspondiente fuerza, intensidad y profundidad, ni mediática, ni política, ni legislativamente.
Por ello, a partir de las cifras y visiones expuestas, someto a su consideración la siguiente propuesta de Acuerdo Económico:
- Que el Congreso del Estado exhorte, respetuosamente, a los 84 municipios de Hidalgo y al Poder Ejecutivo Estatal, para que incorpore en sus diagnósticos, en sus estrategias de solución y en sus evaluaciones contra la inseguridad: datos duros, formales e integrales, que permitan diferenciar estratégicamente los delitos del fuero federal y los del fuero común, y que garanticen, con protocolos profesionales consensuados, la diferenciación operativa de la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública.
Además, hago un llamado, en general, a todas los grupos legislativos y representaciones partidistas de esta Legislatura, para que, con base en evidencias de información, con racionalidad metodológica y con auténtica visión de Derechos Humanos en beneficio de la sociedad a la que representamos, legislemos con la intensidad que el grave problema de la inseguridad amerita. Y en particular a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Justicia, y de Hacienda y Presupuesto, a privilegiar que los presupuestos de Egresos 2020 destinados a combatir la inseguridad pública en los 84 municipios y en el Estado se construyan a partir de sus propias condiciones y características delictivas, diagnosticadas con estudios profesionales sobre la materia, basados en evidencias.