- La iniciativa pretende armonizar la Constitución Local para obligar a jueces y órganos vinculados a la administración de justicia a respetar los derechos humanos
- El objetivo de la iniciativa es la obligación de prevenir potenciales violaciones a derechos humanos en el sistema judicial
La Coordinadora de la Bancada del Partido Encuentro Social Hidalgo en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, Jajaira Aceves Calva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4°, y se adiciona un párrafo quinto y los incisos: a, b y c.; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.
Esta iniciativa pretende adecuar la constitución local para armonizar temas de la jurisprudencia internacional, emitida por la corte interamericana de derechos humanos.
Durante su exposición de motivos, la Diputada del PESH refirió que, en todos los casos en los que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional, y, de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas.
“En Hidalgo, todas las personas deben gozar del pleno reconocimiento de sus derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y las leyes secundarias, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que en la Constitución Federal se establezcan”, aseguró.
Jajaira Aceves dijo que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad a la Constitución Federal al igual que con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de las personas basándose en tres vertientes:
Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento:
En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y estatal; y,
De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas.
Finalmente, explicó que el objetivo de esta iniciativa es la obligación de prevenir potenciales violaciones a derechos humanos en el sistema judicial.