En la sesión ordinaria de este día se aprobó una iniciativa, presentada por el diputado Julio Valera Piedras, del GLPRI, en materia educativa que establece la necesidad de contar con una “Carta de no inconveniencia” por parte de la Secretaría de Educación Pública del estado, como un requisito para que operen las instituciones privadas de educación.
Valera Piedras explicó en tribuna que “esto con la finalidad de dar certidumbre sobre las condiciones físicas de infraestructura, la preparación de los docentes, la calidad del servicio ofrecido y sobre la validez oficial de los estudios de programas educativos con los que se están formando las y los hidalguenses”.
La iniciativa también establece, informó Valera Piedras, “que las autoridades municipales deberán de tomar en cuenta esta “Carta de no inconveniencia” para emitir las autorizaciones de uso de suelo y licencias de funcionamiento para la prestación de servicios educativos”. También, “se obliga a una mejor coordinación entre las autoridades estatales y federales en la materia, para que cada nivel de gobierno pueda emitir su juicio sobre la pertinencia de las instituciones particulares de educación en cuanto a planes de estudio, instalaciones y preparación docente”.
Esta iniciativa surge, destacó el legislador priista, “como medida para evitar la proliferación de centros de estudio que no cumplan con los estándares mínimos de calidad e idoneidad para nuestro estado”. El reto de la calidad en la educación que se imparte en Hidalgo no es menor. En el documento titulado “Revisión Territorial. Hidalgo 2019” la OCDE “identifica que, mientras nuestro estado tiene mejor desempeño que el promedio nacional en la evaluación de la educación básica, la calidad de la educación superior tiene algunas ventanas de oportunidad”, explicó Valera Piedras.
Finalmente, Valera Piedras informó que “Es claro que necesitamos elevar la calidad de nuestra oferta educativa, particularmente, en un contexto donde una nueva reforma constitucional está a punto de entrar en vigor, es necesario asegurar, desde la normatividad local, la calidad en la oferta educativa, para que esta reforma cumpla su objetivo de hacer de la educación el verdadero motor del desarrollo nacional”, concluyó.