- Monto pendiente de solventar, 40 millones 579 mil 130 pesos: Armando Roldán Pimentel, titular de la ASEH
Integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado se reunieron para la Tercera Entrega de los Informes individuales y General de Auditoría de la Cuenta Pública 2017. Dieron reporte de las entidades fiscalizadas, las auditorías realizadas, sus observaciones de carácter económico por entidades gubernamentales, paraestatales y organismos autónomos.
La fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente a 2017 se llevó a cabo en esta tercera entrega a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado por parte del auditor general Armando Roldán Pimentel, con la revisión de 17 entidades estatales del poder Ejecutivo; 27 entidades paraestatales y organismos autónomos; 44 municipios, y 11 organismos descentralizados municipales.
A esas 99 entidades se les practicaron 262 auditorías, informó el auditor general Roldán Pimentel, quien precisó ante los integrantes de la Comisión: Ricardo Baptista González, presidente; María Luisa Pérez Perusquía y Asael Hernández Cerón, secretarios, y la vocal Viridiana Jajaira Aceves Calva, que se trató de 99 auditorías financieras, 99 auditorías de cumplimiento y 64 relativas a inversiones físicas.
Asimismo, señaló el funcionario, se realizaron observaciones de carácter económico. Explicó que “derivado de la revisión a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2017, tercera entrega, se determinaron errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y observaciones cuantificables” en términos monetarios, por lo que el monto que queda pendiente de solventar es de 40 millones 579 mil 130 pesos, integrado de la siguiente manera:
Dos millones 452 mil pesos 200 pesos, del poder Ejecutivo; cinco millones 767 mil 610 pesos, a entidades del sector paraestatal y organismos autónomos; 30 millones 777 mil 268 pesos, a municipios, y un millón 582 mil 51 pesos, a organismos descentralizados municipales.
El auditor general aclaró que los importes contenidos en los informes individuales de auditoría representan el monto de las operaciones observadas durante la revisión, pero no necesariamente implican recuperaciones o daños o perjuicios a la Hacienda del estado, los ayuntamientos o el patrimonio de las entidades, pues estas se encuentran sujetas a justificaciones y aclaraciones a partir de que la ASEH les entrega la notificación de su informe individual.
El presidente de la Comisión Inspectora, Baptista González, mencionó: “Debemos tener presente que uno de los pilares en el Sistema Nacional Anticorrupción es el Sistema Nacional de Fiscalización integrado por los órganos responsables de auditoría en los distintos órdenes de gobierno, el cual surge de la necesidad de formar un frente común para examinar, vincular y articular la gestión gubernamental y el uso de los recurso públicos, con el fin de mejorar la rendición de cuentas y que forma parte la Auditoría Superior del estado”.
Añadió: “A esta soberanía le preocupa su conformación y actuar como una institución pública sólida, que definitiva y determinantemente cierre cualquier brecha simple por complejo que sea a la corrupción, desde el punto de vista técnico, económico o social. Queremos en este nuevo momento legislativo se pueda caminar a la par hacia el esquema de fiscalización superior que garanticen la rendición de cuentas y transparencia en el estado, poniendo énfasis en las auditorías de desempeño que permitan verificar la verdadera eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos gubernamentales, sin decremento de las otras modalidades de auditoría”.