Aprueban diputados locales de manera unánime el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de Acceso a las mujeres a una vida Libre de Violencia, entre ellas la obstétrica, propuesta presentada por la legisladora local del PRI Rocío Tello Zamorano.
El dictamen fue leído en tribuna la legisladora del tricolor, Edith Avilés Cano, quien dijo que la violencia obstétrica es aquella ejercida por el sistema de salud o cualquier agente ajeno que asista a la mujer o incida directamente en ella en el proceso de embarazo, parto o puerperio y que pocas veces es detectado e incluso denunciado.
Añadió que las formas de violencia pueden ser desde una atención inoportuna e ineficaz de las urgencias obstétricas un trato deshumanizado, la patologización del proceso de embarazo, parto o puerperio; así como medicalizar sin causa justificada el proceso de embarazo, parto o puerperio, además de asegurar que también se debe considerar como violencia la negativa u obstaculización del apego precoz del recién nacido con su madre sin justificación terapéutica, así como el impedir el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como cualquier otra forma que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de la mujer.
En su opropuesta Tello Zamorano, afirmó que el Estado Mexicano y de manera particular, en el estado de Hidalgo se deben consolidar las medidas que permitan garantizar un parto humanizado para toda la población, tales como brindar la asistencia médica adecuada durante el parto evitando que se realicen operaciones cesáreas sin una indicación justificada como lo exige la Norma y respetando la decisión de la mujer así como sus necesidades físicas.
En tribuna, a favor del dictamen, se pronunciaron las legisladoras Imelda Cuéllar Cano y la propia María del Carmen Rocío Tello Zamorano, quien puntualizó que con esta reforma la Secretaría de Salud deberá garantizar que los servicios de salud cuenten con los establecimientos, bienes, servicios y personal capacitado que contribuya a asegurar el derecho de las mujeres en la etapa de embarazo.
Finalmente señaló que el acceso a información y servicios de anticoncepción y planificación familiar es una medida de salud pública fundamental que contribuye a la disminución de embarazos no deseados y de aquellos que se presentan durante la adolescencia.