La titular de la Fiscalía Especial para Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Concepción Hernández Aragón, ofreció una ponencia en el panel denominado “Mujer y Seguridad” ante comunidad estudiantil y académicos de la capital hidalguense.
En la actividad participaron también Angélica Lucía Damián Bernal, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Malú García Andrade, activista e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Como parte de las acciones de prevención del delito realizadas por la PGJEH, la fiscal para delitos de género abordó las herramientas de las que se vale la dependencia para ofrecer seguridad jurídica a mujeres víctimas de violencia y la necesidad de que se adopten medidas de prevención evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los Derechos Humanos, derivado de las obligaciones que marca la legislación estatal, nacional e internacional en la materia.
Concepción Hernández, explicó que estas medidas obedecen a «ser partícipes activos en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y también en cumplimiento a la sentencia del caso González y otras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano (conocida como «Campo Algodonero»), y por la cual México queda obligado a la implementación y estandarización de protocolos de investigación con perspectiva de género».
La funcionaria informó que “el procurador general de justicia, Alejandro Straffon Ortiz, “buscó al implementar estas órdenes la estandarización de protocolos de investigación con perspectiva de género y se cumple el objetivo de enunciar las actuaciones para el éxito de las investigaciones que conlleven el esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los presuntos responsables”.
Destacó también el papel de las Órdenes de Protección, como una medida eficaz para detener la violencia contra las mujeres y catalogadas por Naciones Unidas, como uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia, para garantizar su seguridad.
Éstas, explicó la funcionaria, “son medidas de carácter cautelar, precautorio y preventivo, que se otorgan con motivo del ejercicio de la violencia sexual y familiar en sus diversos tipos contra las mujeres o terceros que se encuentran en riesgo, por lo que son personalísimas e intransferibles, de naturaleza administrativa y jurisdiccional, así como, de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual”.
Destacó que son acciones fundamentalmente precautorias y cautelares que durarán mientras exista el riesgo para la víctima gracias a la reciente reforma en material penal en Hidalgo, pues antes duraban 72 horas, ahora la temporalidad será a consideración de la autoridad que la autorice y al riesgo que corra la posible víctima.
Hernández Aragón señaló que las órdenes de protección emergentes y preventivas, pueden ser solicitadas por la víctima, hijas o hijos y personas que convivan con ella; serán otorgadas e instrumentadas por la representación social que recae en el agente del Ministerio Público, con el auxilio de la policía estatal, independientemente de que exista, o no, averiguación previa por los hechos de violencia.
En caso de no existir averiguación previa, el Ministerio Público hará del conocimiento del solicitante de la orden de protección, el derecho que le asiste a la víctima para denunciar los hechos, salvo los casos específicos contemplados por la ley en la materia, como delitos perseguibles oficiosamente (sin necesidad de querella), en los que el Ministerio Público iniciará la averiguación previa al tener conocimiento del asunto.