La Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se reforma el numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de inmediatez en la procuración de justicia.
El dictamen surgió de una iniciativa que el diputado Alfredo Bejos Nicolás (PRI) presentó el pasado 3 de noviembre, el cual fue aprobado en el Pleno por unanimidad.
La reforma plantea facultar al Ministerio Público, en tratándose de delitos en que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, respecto del indiciado, el acceso a los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precisó.
Refirió que desde la integración de la carpeta de investigación a la consignación a los tribunales, y a fin de que el Representante Social pueda allegarse de los mejores elementos y datos de prueba, esté facultado para hacer dicha solicitud al Registro Federal de Electores, y con ello lograr una rápida y eficaz localización de los presuntos imputados.
En su exposición de motivos, el diputado indicó que si desde la integración de la carpeta de investigación, no se logra localizar con prontitud y eficacia al presunto responsable, comienza el camino hacia la impunidad, definiéndose esta como la “Inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”, de acuerdo al Reporte Orentlicher 2005.
Refirió que, al respecto, el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir este fenómeno multidimensional titulado Índice de Impunidad Global, resalta que:
“Los países que cuentan con una combinación adecuada de capacidad estructural de sus instituciones en seguridad y justicia, pero además son respetuosos de los derechos humanos contarán con un índice de impunidad bajo”.
“El problema de la impunidad en México es funcional y estructural no nació en esta administración pero se necesitan tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos”.