Más de medio centenar de habitantes de Mineral del Monte se manifestaron ayer en la sede del congreso local, en demanda de que sea destituido del cargo y sometido a juicio político el alcalde Camilo Rosales Nava a quien acusan de abuso de autoridad, despojó, despidos injustificados, así como también incumplimiento de promesas que hizo a la población al buscar el apoyo para llegar a la presidencia municipal.
Los manifestantes entre quienes se encontraban Amelia Valencia, Rosa y Julieta Hernández y Víctor Castañeda, manifestaron que han tenido que recurrir al congreso del estado ante la impunidad con que ha operado el edil contra quien hay interpuestas varias averiguaciones previas por delitos como lesiones y despojó ya que saben que no se podrá hacer nada en su contra hasta que le sea retirado el fuero del que goza y del que abusa para incurrir en todo tipo de excesos.
Una de las afectadas que se identificó como Rosa Hernández, señaló que desde que se inició la administración, ha tenido varios problemas con el alcalde, pero no lo había denunciado por temor, «en Mineral del Monte, habemos personas con miedo de manifestarnos, porque dicen que el presidente es una persona muy peligrosa, el mismo se jacta diciendo que es amigo del gobernador y que esta apadrinado por el señor David Penchyna, que no vamos a poder contra él y que es mejor callarnos».
El caso fue llevado a tribuna del Congreso del estado por la legisladora María Sandra Ordaz, quien solicito el apoyo para verificar que no haya más casos de este tipo y actuar en este caso a fin de que el alcalde sea sancionado conforme a derecho además de manifestar que será analizada la posibilidad de someterlo a juicio político para que sea desaforado.
Sandra Ordaz señaló, «como he referido la actitud de prepotencia y sobrada presunción con que se conduce en nuestro municipio, lo hacen ver, no como un representante del pueblo que aspire a servir, sino como aquellos funcionarios que aspiran a un cargo público para servirse de él».
La legisladora denunció que en lo que se refiere al nepotismo, el alcalde tiene al menos 10 familiares directos trabajando en el ayuntamiento, pese a que hay un impedimento legal para ello, por lo cual pidió la vigilancia de cerca de las autoridades, incluyendo a la Auditoría general para que verifiquen los movimientos del alcalde.
Las ex trabajadoras como Rosa Hernández, denunciaron que el edil ha despedido al menos a cinco empleados quienes ya tenían entre 27 y 14 años de trabajo en el ayuntamiento.
Los manifestantes denunciaron que el trato al público es inadecuado en la alcaldía, ya que hay prepotencia y para realizar un trámite se tardan hasta dos o tres horas, ya que hay muchas oficinas cerradas.