A dos semanas de las inundaciones ocurridas en Tula, siguen muchos pendientes, dudas y pocos avances de una investigación que debería arrojar responsabilidades de servidores públicos federales, estatales y municipales, lo que se presume una negligencia que costó la vida de 15 personas y pérdidas económicas calculadas hasta ahora en 6 mil millones de pesos.
Aparentemente la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) serían las encargadas de las carpetas de investigación, no sólo por la muerte de los pacientes del IMSS sino por todo lo ocurrido en esta contingencia, es decir la cadena de supuestas omisiones y negligencias que impidieron reducir los impactos de las inundaciones del pasado 6 y 7 de septiembre.
Las autoridades estatales y municipales saben que incluso la misma ayuda para los pacientes en el hospital y los damnificados fue muy lenta, los tanques de oxígeno nunca llegaron a pesar de las súplicas de familiares y médicos desde las 6 de mañana, las pocas lanchas que se tenían eran por iniciativa de los vecinos y organizaciones de productores de la zona.
Manejar el discurso de que fue un fenómeno natural el que impactó a Tula y que “frente a la naturaleza nada se puede hacer” es una excusa barata y criminal, invalida pues, sobre todo en una era en que la tecnología permite incluso seguir desde un dispositivo el rumbo que puede tomar un huracán, tormentas y por supuesto lluvias extraordinarias.
La Subsecretaría de Protección Civil debe muchas explicaciones, por ejemplo: no instalar un centro de operaciones en el municipio donde se tendría los escurrimientos “extraordinarios” de agua que la CONAGUA advirtió vendrían Del Valle de México; por qué no se tomó la decisión de actuar bajo protocolo de zonas de alto riesgo por inundaciones; por qué simplemente delegó con “un aviso” a las autoridades municipales las acciones de prevención que son su obligación ante desastres de esta naturaleza.
El gobierno municipal de Tula, por qué espero hasta que se tuvieron las primeras inundaciones para movilizar a los cuerpos de auxilio a los 12 puntos que fueron afectados; por qué no pidió el apoyo de organismos federales y estatales para hacer evacuaciones masivas y tardó horas en instalar albergues municipales; por qué no alertó desde la misma tarde del lunes a la población lo que vendría, como lo ha hecho en los últimos días.
La dirección y delegación del IMSS por qué no evacuaron a tiempo a los más de 90 pacientes que tenían; por qué no enviaron los insumos necesarios ante una eventual inundación, cuando saben que la unidad 05 se ubica en zona de alto riesgo; por qué tardaron 9 horas en responder los llamados de auxilio de sus propios médicos y enfermeras; por qué llegaron más rápido en una zona de más de dos metros de inundación los familiares de los pacientes Covid, que ellos con los tanques de oxígeno.
Nadie ha respondido hasta ahora, ni tampoco han entregado un reporte puntual de las actuaciones que tuvieron, si es que las hubo, porque a la luz de los hechos parecen más las irresponsabilidades que derivaron en una tragedia donde hay responsables por omisión o comisión.
De mi tintero… En la presidencia del Tribunal Superior de Justicia parece que comienzan a darse cuenta y eso por las renuncias voluntarias, que tienen a los enemigos en casa, personas que tienen relación y compromisos políticos con grupos diferentes a los de la actual administración… Por cierto, aún tienen a empleadas que trabajaron con Gerardo Sosa… Ahora que la basura flota en Tula, comienzan a salir los intereses que tiene el secretario de la Contraloría, Cesar Mora, en obtener contratos de las presidencias municipales de la zona, para favorecer a empresas donde tiene vínculos en el tema del proceso de los desechos…