La investigación en contra de la administración de Sergio Baños, por el pago de más de 9 millones de pesos por consultoría y asesoría integral al ayuntamiento, incluyen pagos como la “evaluación y monitoreo” del “impacto” del programa “Pachuca 100” por casi tres millones de pesos, o la publicación en redes sociales de 15 “artes” como política de inclusión por 500 mil pesos.
Además de la adjudicación directa del contrato MPS-SA-AD-08-21, con argumentaciones como “acortar tiempos” las autoridades actuales encontraron como principal irregularidad, que no hay rastro ni evidencia de ningún entregable físico o en dispositivos magnéticos, como lo señalan las cláusulas del contrato.
Ni en la Secretaría General del Municipio en ese entonces a cargo de Héctor Fragoso o la administración en la que despachaba Genoni Pedraza García y mucho menos en la dirección de compras y suministro donde estuvo Pedro Calderón García, y que fueron quienes con Sergio Baños, firmaron el contrato en cuestión, se encontraron evidencias del trabajo realizado hace 4 años, es decir, en el primer año de administración del ex priista.
En la cadena de pagos se señala por ejemplo, que para la creación de un modelo de monitoreo y evaluación para medir y verificar los alcances del programa de “Pachuca 100” se destinaron más de 2 millones 800 mil pesos, pero no se establece cual es el mecanismo, la plataforma o las consultas ciudadanas que se supone, harían para establecer el alcance de las decisiones del gobierno de Baños Rubio.
Otros pagos, por ejemplo, despertaron sospechas, fueron los más de 500 mil pesos cada uno, para la elaboración de dos reglamentos, uno el interior del ayuntamiento y otro el interior de la administración, el primero se refería a las comisiones que tendrían los diferentes regidores y su vialidad, el otro de las acciones que tendrían cada área de su gobierno municipal y los funcionarios públicos, es decir rehacer lo que ya estaba en la ley orgánica municipal.
Pero ahí no paran los pagos presuntamente inconsistentes que hoy debe investigar la Procuraduría de Justicia del estado, pues existe uno que tiene que ver con el Diseño y Desarrollo de Fondos de Apoyos a la Micro y Pequeña empresa por un millón 500 mil pesos, por solo hacer las bases que se supone, debería tener la Secretaría de Desarrollo Económico para acceder a fondos públicos de financiamiento por la pandemia del Covid.
Los contratos demostrarían entre otras cosas, la facilidad con la que se utilizan los recursos públicos, para pagar por el trabajo que se supone, deberían realizar en las diferentes áreas y la manera en que se contratan sin concurso a empresas que supuestamente realizan asesorías para eficientar la operación del gobierno, pero que en realidad no son aplicadas y que terminan por beneficiar a particulares que tienen relaciones personales con políticos.
Por ahora, la investigación de este contrato, es porque no existe evidencia alguna del trabajo por el que se pagaron 9 millones 352 mil pesos.
De mi tintero… Lo que menos ha demostrado la subsecretaria de Desarrollo Político, Bertha Miranda, es eficiencia en su operación, recientemente fue exhibida por mensajes a través de la red social WhatsApp, alentando una campaña negativa en contra del senador Cuauhtémoc Ochoa, no se sabe si a título personal o por encargo, cualquiera que haya sido, lo que exhibió fue su falta de tacto que en nada ayuda a resolver y distender los conflictos de la política interna…El que aseguran, dejó Ciudad Cooperativa Cruz Azul desde el pasado jueves, fue Federico Sarabia Pozo, ex colaborador de Guillermo “Billy” A. detenido el pasado jueves, y quien aparentemente, mantenía tomadas las instalaciones de la cementera desde hace dos años, fuentes confirman que anda con un amparo del juzgado cuarto de distrito bajo el brazo.