Ante la falta de elementos legislativos que ocasiona que los municipios omitan cumplir con su responsabilidad de elaborar su correspondiente atlas de riesgo, Javier Amador de la Fuente, Diputado Local por el XVII Distrito Electoral, propuso al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para impulsar su creación o en su caso sancionar la omisión respectiva.
En la sesión ordinaria de este martes, el legislador se refirió al punto de acuerdo presentado el pasado 10 de noviembre en el que hizo alusión a los estragos causados por los fenómenos hidro meteorológicos Ingrid y Manuel, que dejaron pérdida de vidas humanas, así como cuantiosos daños materiales en diversos estados del país, entre ellos Hidalgo.
En su lectura en la más alta tribuna del estado, el congresista por Jacala destacó que dada la diversidad geográfica del estado, no es suficiente el término de 90 noventa días otorgados por la Ley Orgánica Municipal vigente para elaborar el multicitado atlas de riesgo, en razón de que para su integración intervienen una serie de factores tanto técnicos y humanos.
Ante esta situación, propuso una iniciativa de decreto para reformar dicha ley y ampliar el plazo de 90 a 180 días para que el presidente municipal cumpla con este ordenamiento y en caso contrario sea cesado el funcionario responsable de dicha tarea.
La iniciativa de decreto también prevé sanciones de 10 a 24 años de prisión y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo vigente en la entidad e inhabilitará hasta por 25 años para desempeñar cualquier puesto, empleo o comisión pública, en caso de que se autorice o expidan licencias de construcción o fraccionamiento en zonas consideradas de alto riesgo o que se hayan emitido sin la valoración del atlas de riesgo correspondiente.
El decreto entrará en vigor una vez publicado en el periódico oficial del Estado de Hidalgo.
Asimismo, propuso adicionar un párrafo al Art. 362,relativo al Título Vigésimo Primero que previene y sanciona a los “Delitos cometidos por los fraccionadores” para que se tipifique como conducta dolosa, el hecho de otorgar licencias de construcción o de fraccionamiento poniendo en riesgo la vida y la seguridad de las personas, además de causar un daño patrimonial a los afectados, por ello se trata de inhibir esas conductas delictuosas, reforzando así la prevención de delitos cometidos por servidores públicos.
Por ello es imperioso legislar en la materia que hoy nos ocupa, y se puedan fortalecer las acciones que el ejecutivo estatal ha venido impulsando para que mediante la colaboración de los tres niveles de gobierno y bajo convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y demás expertos académicos en la obtención de cartografía, elaboren los atlas de riesgo de los 84 municipios que integran el Estado de Hidalgo.