El diputado Jorge Romero Romero (PRI) impulsa una iniciativa con el propósito de evitar el desvío de recursos públicos a través de los programas sociales con fines de proselitismo electoral.
La iniciativa que reforma la Ley General de Desarrollo Social establece que los beneficiarios de los programas sociales deben recibir sin coacción, persuasión o amenazas los servicios y prestaciones otorgadas.
Asimismo, que el Gobierno Federal con la participación de los estados y municipios impulsen la integración de la Contraloría Social, en la cual se especifique dentro de sus funciones vigilar que los apoyos y atención de la población no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro o distintos a los objetivos de sus reglas de operación.
El legislador Jorge Romero Romero mencionó que el diseño y la operación de la entrega de recursos derivados de los programas sociales son formulados con una visión centralista, lo que provoca escepticismo, dudas y cuestionamientos de la población sobre el manejo de estas ayudas para otros fines ajenos al desarrollo social por parte del Gobierno Federal.
Indicó que esto ha provocado conductas ajenas al ordenamiento legal, además de pervertir la entrega de recursos de programas sociales en moneda de cambio para servirse de votos durante comicios electorales.
Enfatizó que los encargados de distribuir los recursos de los programas sociales tienen la obligación de no interferir en la voluntad ciudadana y evitar que los recursos financieros, materiales y humanos sean utilizados para apoyar campañas políticas.
“No debe existir un solo voto condicionado por la entrega de programa social alguno”, afirmó.
El diputado sostuvo que es imperante que la asignación de recursos derivados de los programas sociales en familias menos favorecidas del país no se utilice para fines electorales y efectivamente sí cumplan su objetivo que es eliminar la brecha entre ciudadanos menos favorecidos; en tanto no se generen las condiciones para que puedan sobre salir de manera independiente.
Reiteró que la política social del gobierno debe extenderse a través de todo el territorio nacional y sus diferentes niveles de gobierno, con el objeto de maximizar sus beneficios a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
Agregó que la iniciativa presentada en la Comisión Permanente tiene el ánimo de construir de manera positiva la utilización de los programas sociales y propone fortalecer su blindaje para que no sean utilizados de manera partidaria.
La propuesta que será analizada por la Comisión de Desarrollo Social propone reformas a la fracción V del artículo 10, el artículo 70 y se adiciona una fracción III del artículo 71.