Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, encabeza la delegación de México y preside el 61° Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND, por sus siglas en inglés), que se desarrolla del 12 al 16 marzo de 2018, en la ciudad de Viena, Austria.
El titular en suplencia de la PGR pronunció el mensaje a nombre de nuestro país mientras que la Embajadora Alicia Buenrostro funge como Presidenta de la Comisión. También asiste Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional contra las Adicciones.
Más tarde, Elías Beltrán sostuvo reuniones con Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, así como con Marcos Teixeira, Coordinador del Proyecto CRIMJUST, para formalizar la adhesión de México al proyecto.
El objetivo de los encuentros es fortalecer las capacidades regionales e interinstitucionales en materia de crimen organizado, ciber delincuencia, tráfico ilícito de flora y fauna, así como corrupción, lavado de dinero y recuperación de activos, lo que permitirá perfeccionar el trabajo de las instancias de previsión y persecución de los delitos.
México tiene el liderazgo este año a nivel internacional y preside la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos.
Cabe recordar que la Procuraduría General de la República ha creado la Oficina Nacional de Política de Drogas, cuyo objetivo es articular los esfuerzos de las diferentes agencias en materia de salud (rehabilitación), prevención y combate a las organizaciones delictivas.
Como parte de este equilibrio de las políticas públicas, la PGR también ha impulsado el programa Repensar, que busca atender a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley para evitar la reincidencia delictiva y la reconstrucción del tejido social.
El Gobierno de la República atiende el abuso de drogas como un problema de salud pública, sin criminalizar al consumidor.
