Presenta la Auditoría Superior del Estado, su postura respecto a la detención del ex presidente municipal de Ixmiquilpan, José Manuel Zúñiga Guerrero, cuyo proceso de revisión de cuentas y señalamientos ante las autoridades judiciales se dio en una gestión anterior a la actual a cargo de Rodolfo Picaso Molina.
El auditor dio a conocer que después de la información que se ha manejado hasta el momento no solo por la manera en que se cumplió la orden de aprehensión sino de la confusión que se ha generado al respecto era necesario dar a conocer cuál ha sido la intervención de los actuales encargados de la Auditoría Superior.
“La Auditoría Superior del Estado, señala que se presentó denuncia de hechos posiblemente constitutiva de delito en agravio de la Administración Pública Municipal, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en virtud de que este Órgano Técnico en el ejercicio de sus funciones y derivado de la Fiscalización a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2007, detectó daños a la Hacienda Pública Municipal en materia de Obra Pública por un monto de 411,829.97 pesos”.
Tras aclarar que las acciones de fiscalización se dieron durante los últimos meses de la gestión como titular de la ASEH, Quintín Hidalgo, quien fue sustituido por José Luís Lima Morales, quien dio seguimiento a las actividades de revisión de las cuentas y los señalamientos ante las instancias legales correspondientes, Picaso Molina, añadió que después de presentada la denuncia penal los casos dejan de estar a cargo de la dependencia a su cargo.
El funcionario, refirió que en la ASEH se cuenta con el expediente respectivo donde se encuentra asentado que por la denuncia penal se dio inicio a la averiguación previa 12/DAP/819/2009, de la cual la Procuraduría hizo la consignación ante el Juez Penal correspondiente, quien determinó que existían elementos suficientes para girar la respectiva orden de aprehensión.
Finalmente se dio a conocer que dentro un plazo de 72 horas o bien su prórroga hasta 144 horas, el juez encargado del caso deberá determinar la situación jurídica del ex servidor público, pudiendo dictar su libertad por falta de elementos para procesarlo ó bien su formal prisión, continuando en este último con el procedimiento en el que podrá ofrecer las pruebas que estime pertinentes.
De acuerdo con el titular de la ASEH no se trata de deslindarse del caso sino de explicar de la maneta en que se dio la situación legal del ex acalde