Hidalgo es un estado que bien podría ser ejemplo del control y sometimiento de los dos poderes del estado al ejecutivo, prácticamente ninguna decisión importante se toma sin que haya sido previamente avalada y en consecuencia sus efectos beneficien a quien gobierna, la oposición no existe en la discusiones legislativas y en el poder judicial los magistrados solo obedecen instrucciones.
La comparación vale la pena ahora, que está en la agenda la discusión de la reforma judicial y sus efectos, las contraposiciones de quienes la impulsan y los que se oponen que vislumbran un panorama incierto y complejo y razones no les faltan, porque el poder concentrado en una sola línea tiene sus riesgos.
Es cierto, acá aun no llegamos a esa decisión de elegir a jueces y magistrados por el voto popular, pero no hace falta, porque realmente el aparato del poder judicial en toda su estructura por mínima que esta sea, obedece a los intereses del gobernador en turno y actúa como se lo piden desde el edificio de Plaza Juárez, como dirían los especialistas del derecho, con “línea” se resuelven los expedientes, no con los argumentos del derecho.
Esto no es nuevo, basta sólo revisar el pasado reciente, desde la magistrada presidenta Carolina Viggiano Austria, impuesta por el ex gobernador Miguel Osorio, pasando por Lucas González, en el mismo periodo y luego ya en el gobierno de Francisco Olvera, el elegido para cumplir esas funciones fue su incondicional Juan Manuel Menes, a quien suplió Blanca Sánchez Martínez, ya en el sexenio de Omar Fayad, lo que se consideró una cuota al grupo del ex gobernador Osorio Chong, por la cercanía de esta con Eduardo Osorio, el mayor de la familia y la suplió la prima de Omar Fayad, Janeth Herrera Meneses, quien renunció para dejar a Estela Aladro, cercana al gobernador Julio Menchaca.
Casi en todo los casos salvo un par de excepciones, la mayoría han sido profesionales de derecho, probados en su actividad académica, pero no precisamente con la mejor carrera judicial, a la gran mayoría, se les atribuyen decisiones sobre juicios importantes, basados en llamadas desde el segundo piso, por ejemplo, el ex secretario de gobierno Simón Vargas, le ordenaba a Janeth Herrera, lo que debía hacer, según los testimonios de los funcionarios cercanos a la ex presidenta, lo mismo ocurre en la actualidad y así podríamos hacer el recuento de los 51 que han ocupado la titularidad del PJEH.
Lo peor que ha pasado con tener a magistrados y jueces impuestos, sin carrera judicial y en algunos casos improvisados, es que, los procesos judiciales estén viciados, inocentes en la cárcel, expedientes mal integrados y resueltos que terminan siendo exhibidos en tribunales federales, y presos políticos, que si bien cometieron excesos en sus funciones, los ministerios públicos no han sabido probar y los jueces lejos de corregir actúan con la “instrucción” dictada, así pasa con al menos la mitad de los 58 ex funcionarios actualmente sometidos a procesos desde casos como la estafa siniestra hasta presuntos desvíos, según se desprende de un análisis de expertos jurisconsultos.
Esos son los resultados tangibles de tener un sistema judicial y legislativo a merced del gobierno, ahora, sólo basta hacer una perspectiva de que como sería el sistema judicial, elegido por la mezcla de intereses de hombres del dinero y delincuencia organizada por citar sólo dos, que apostarán todo por tener jueces y magistrados a su favor, es mucho lo que está en juego y que deberá analizarse y considerarse en las discusiones, claro, si estas son reales y abiertas, porque si todo será simulación, ya sabemos el camino.
De mi tintero… La política social del gobierno estatal, estará desde ahora, en manos de un político chapulín que dejó el PRD para sumarse a Morena, Ricardo Gómez Moreno, cuya hoja curricular muestra escasa trascendencia, tareas partidistas y nada en manejo y estructura de programas sociales, pero bueno, si esta dependencia ya estuvo en manos de Carolina Viggiano y Daniel Jiménez, la cosa no está tan perdida, pues bien puede politizar los apoyos como lo hicieron sus antecesores…Donde de plano dicen, la brújula se equivocó fue en la Secretaría de Cultura, pues ahí impusieron a la inculta nutrióloga Neyda Naranjo, que no es capaz de saber cuántos estados tiene la República mexicana y sus capitales, pero bueno, si tomamos en consideración que esta dependencia fue dirigida por Olaf Hernández removido por organizar francachelas en la oficina del despacho acompañado de varios funcionarios, entre ellos Omar Espinosa Carrillo, exdirector general de Vinculación, Propaganda y Difusión Cultural, según los expedientes DGR/020/2021, DGR/022/2021, DGR/021/2021 y DGR/019/2021, pues en ello ya tiene algo de experiencia la novel funcionaria.