Con base en investigaciones de la Subprocuraduría oriente, un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión para una persona identificada como M. A. M. O., a quien se le probó plenamente su responsabilidad en hechos que la ley sanciona como fraude.
Los sucesos investigados ocurrieron en Tulancingo de Bravo, en diciembre de 2020, cuando la persona imputada, en su carácter de representante legal de la víctima le solicitó a esta última, 435 mil pesos para solventar gastos de supuestos trámites que eran necesarios para evitar que el esposo de dicha víctima fuera procesado por autoridades federales.
Sin embargo, la persona agraviada al darse cuenta que ninguna autoridad tenía investigaciones contra su esposo y no había trámites que debieran requerir pago alguno, se presentó ante el Ministerio Público y denunció lo ocurrido.
Una vez que agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría oriente se allegaron de datos de prueba contra M. A M. O., esta representación social obtuvo su vinculación a proceso.
Finalmente tras concluir el plazo de investigación complementaria y agotar todas las etapas del proceso penal, esta representación social, probó plenamente la responsabilidad de M. A. M. O., en hechos que la ley sanciona como fraude, por lo que un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión.
Además se le impuso el pago por concepto de la reparación del daño, así como una multa.