El gobernador del estado Omar Fayad, está exento de toda responsabilidad, al menos legal de las 15 muertes y daños ocurridos por las inundaciones del pasado 7 de septiembre en el municipio de Tula y 9 municipios más afectados, esa fue la conclusión a la que llegaron especialistas en derecho tras hacer un análisis del caso, aunque esto no exime de responsabilidad a funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la dirección y delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social y funcionarios del ayuntamiento de Tula.
Tras revisar el expediente y sus antecedentes, así como alertamientos, activación de protocolos y actuación del presidente del Consejo Estatal de Protección Civil figura que recae en el mandatario estatal, se determinó que no hay elementos para demostrar culpabilidad u omisión en lo ocurrido el 7 de septiembre en el que perdieron la vida 15 pacientes contagiados de covid-19, a quienes no se les pudo dotar de medicamentos e
implementos necesarios para su atención.
El cónclave de especialistas llevó incluso a analizar las leyes internacionales, pues parte de la solicitud de Fayad Meneses, a una semana de lo ocurrido en Tula, fue que la Procuraduría del Estado hiciera una “investigación exhaustiva” que determinara la responsabilidad de cada uno de los involucrados y la sanción correspondiente.
Se reunieron pruebas, se conoció a detalle por declaración ministerial y aportación de elementos, cómo fue la actuación cronológica de cada uno de los funcionarios en la esfera de sus atribuciones y lo que se encontraron fueron hallazgos importantes, uno de ellos que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) únicamente alertó de precipitaciones (lluvias) intensas que pudieran generar incrementos en los niveles de ríos o presas, pero no de escurrimientos o desfogues inusuales de hasta 75 metros cúbicos de agua por segundo que inundarían Tula en minutos, como ocurrió.
Dicho de otra manera, lo que han insistido autoridades locales, que en Tula lo que inundó los 12 puntos fueron los desfogues y no las lluvias, y de lo primero no existe alertamiento puntual alguno o comunicación precisa de Conagua, responsable de la operación del Túnel Emisor Oriente (TEO), Túnel Emisor Central (TEC) y la presa Requena, que fueron las que descargaron volúmenes extraordinarios.
Aun así, los avisos fueron enviados con puntualidad por la presidencia del Consejo Estatal de Protección Civil y quien debió atenderlos fue la Subsecretaría de Protección Civil del estado ,el gobierno local de Tula y la delegación del IMSS, que es donde se encuentra el punto de inflexión en la actuación ante la contingencia que enlutó a 15 familias, dejó sin hogar definitivamente a 15 personas y con daños a más de 2 mil 800, además de negocios y al sector agrícola.
Pero la conclusión de los especialistas no frenó la actuación de los responsables de la investigación, pues ya se iniciaron tres procedimientos administrativos sancionadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la Secretaría de Gobierno (Segobhgo) y el ayuntamiento de Tula para deslindar responsabilidades y la carpeta penal inicial integrada por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, ya está en manos de la Fiscalía General de la República, pues los pacientes que perdieron la vida estaban en instalaciones federales y deberá continuar con el proceso y seguramente pedirá apoyo de peritos especializados para acreditar culpabilidad o inocencia de los funcionarios involucrados.
De mi tintero… Jorge Mayorga diputado en la LXIV legislatura, será el responsable del área de estudios legislativos en el congreso local, algo le deberá el presidente de la Junta de Gobierno Francisco Xavier Berganza a Gerardo Sosa para integrar a miembros de su grupo en posiciones claves, pues si fuera por conocimiento dicen que Mayorga Olvera, por su ignorancia debería recursar la carrera de derecho… Por cierto ya que andamos en temas del clan Sosa, una de las mujeres más cercanas al encarcelado ex presidente del patronato universitario, la presidenta municipal de Tepeapulco Marisol Ortega ya fue denunciada penalmente por los delitos de lesiones y amenazas en contra de los regidores Guadalupe Miranda y Marcelino Peréz.