La violencia e intransigencia de dos grupos que parecen imponer sus intereses y voluntad sobre la ley y autoridades de todos los niveles, ha provocado que 300 niños se queden sin estudiar en dos poblados del estado en las últimas semanas y el hecho parece ser minimizado por los responsables de resolver y atender los conflictos sociales.
Al caso de Coamila y Rancho Nuevo en Huejutla, donde 176 personas fueron desplazadas por intolerancia religiosa, lo que dejó a menores sin escuela y mujeres sin servicios médicos, ahora se debe sumar el de Denganzhá en Francisco I. Madero, donde además de deserciones desde que se recrudeció el conflicto por la disputa de un campo deportivo, entre padres de familia y ejidatarios, ahora vino la suspensión de actividades en las aulas por tiempo indefinido.
En el primer caso, las familias evangélicas tuvieron que salir incluso del estado, y formar una nueva colonia en el municipio de Chalma en el estado de Veracruz, donde no tienen servicios básicos y tampoco escuela, es decir, que los 70 menores acumularán otro año más de rezago educativo, como desde hace 6 años, cuando comenzaron los conflictos y les negaron el acceso a los planteles educativos.
La situación es muy compleja, bajo la óptica que quiera analizarse, porque se priva del derecho universal a la educación que tanto han pregonado organismos internacionales y no se diga las autoridades estatales que han enarbolado la bandera como una de sus principales prioridades y al menos no ha ocurrido con estas niñas y niños indígenas.
En Denganzhá, la situación no es menor, los alumnos no iniciaron el ciclo escolar con festivales, música y uniformes nuevos como en gran parte de las escuelas, por el contrario, tuvieron que suspender las actividades presenciales por el conflicto que mantiene los ejidatarios por la posesión de un predio de 1179.51 metros, donde se encuentran una cancha de fútbol, que de acuerdo con la escritura pública 21290, del notario público Prisciliano Gutiérrez Hernández, pertenecen al Instituto Hidalguense de Educación (IEH) y en consecuencia a la primaria, sin embargo por la fuerza han logrado apoderarse de él.
Esto ha generado enfrentamientos violentos, retención de maestros y directivos, que han repercutido en las clases, donde la irregularidad ya generó deserciones de 50 alumnos y otro medio centenar tuvo que migrar a buscar maestros en otros poblados.
Los directivos de la primaria “La Reforma” confirmaron que, las clases serán en línea a partir de esta semana, lo malo es que, no todos tienen dispositivos electrónicos y tampoco internet para tener el esquema virtual, así que es el mismo caso de Coamila solo que aquí son 200 niños que se sumarán a las filas del rezago.
Por lo menos en estos dos casos, donde son cientos de afectados no se ve la prioridad que dicen tener las autoridades estatales por la educación, y en cambio sí por la impunidad de grupos que se sienten dueños de los poblados donde han sentado raíces e intereses que sólo les benefician a unos cuantos, como casi siempre ocurre.
De mi tintero…La manera en que fue exhibida la coordinadora de comunicación social del ayuntamiento de Tulancingo, Dulce Gayosso, al querer “negociar” con un periódico la permanencia en plataformas digitales de una nota donde se exhibe el nepotismo de la alcaldesa Lorena García, confirma dos temas de los que hemos hablado en este espacio, la incapacidad de los “profesionales” en tareas de comunicación que no saben hacer su trabajo y menos enfrentar una crisis, entre estos se encuentran los responsables de las áreas en la Secretaría de Educación Pública (SEPH); Comisión de Agua y Alcantarillado (CAASIM); Secretaría de Turismo (SECTUR), Comisión Estatal del Agua (CEA); Movilidad y Transporte (SEMOT) y al menos 50 ayuntamientos más, lo otro y no menos preocupante, es la ilegalidad con la actúan los presidentes municipales morenistas que se decían el cambio, ahí súmele a Tepeji del Río; Zacualtipán; San Felipe Orizatlán; Tula de Allende; Apan; Epazoyucan; San Agustín Mezquititlán,Atlapexco, entre otros…La promoción anticipada que hizo en un evento público en Pachuca el Secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, de la jueza Karina Vertíz Marín, para ocupar el cargo de jueza dentro del Poder Judicial Federal es de llamar la atención por decir lo menos, primero porque en un evento donde se utilizan recursos públicos y dependencias del estado, se hace promoción abierta y anticipada de un cargo que estará en elección popular, lo que podría considerarse una violación al artículo 134 constitucional, segundo, se confirma lo escrito en este espacio, que la relación entre jueces, magistrados y funcionarios del gobierno es tan cerca que hacen un poder judicial sometido a las instrucciones del gobierno, una dependencia más y no un poder autónomo, lo que significa que hay justicia selectiva y a modo con jueces que atienden la línea dictada y tercero, que la reforma judicial impulsada por la 4T, tiene la firma intención de tener jueces que sirvan al poder y no al equilibrio de la justicia…