Durante la 41ª Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Pachuca, la regidora Nadia Reyna Camacho realizó un posicionamiento en defensa del comercio formal y solicitó la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Económico Municipal, Rosa Danielle Lina Pérez, para que explique los resultados de la política económica municipal frente a la crisis que enfrentan los negocios establecidos.
Reyna señaló que, en Pachuca “cumplir la ley está costando más que romperla”, al advertir que los comercios formales enfrentan trámites complicados, reducción de ventas, falta de acompañamiento, multas excesivas y ausencia de esquemas de regularización.
Durante su intervención, expuso que, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, más de 3,100 negocios cerraron o fueron abandonados en Hidalgo durante el primer trimestre de 2025. Además, citó cálculos de PROCENTRO que estiman la desaparición de entre 2,500 y 3,500 unidades económicas formales en Pachuca durante los últimos años.
La regidora informó que en su oficina ha recibido solicitudes de apoyo de comerciantes multados, quienes coinciden en un mismo patrón: multas mínimas de 6,000 pesos, sin facilidades de pago, sin esquemas de regularización y sin ser escuchados por la autoridad municipal. Señaló que para un pequeño negocio que vive al día, esa cantidad puede significar una sentencia de cierre.
Asimismo, cuestionó que mientras se anuncian facilidades, incentivos y acompañamiento para grandes empresas nacionales y transnacionales, al pequeño comerciante pachuqueño se le cargue con multas desproporcionadas.
“No podemos hablar de desarrollo económico si al mismo tiempo estamos debilitando a quienes lo hacen posible todos los días”, expresó.
Por ello, pidió que la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico comparezca ante el Ayuntamiento y explique por qué no se ha presentado una estrategia efectiva para defender la formalidad, contener los cierres y evitar que más negocios sean empujados a la informalidad.
Finalmente, subrayó que el comercio formal no debe verse como un problema que hay que sancionar, sino como un activo que debe protegerse: “Es momento de demostrar que, en Pachuca, trabajar en regla sí merece el esfuerzo”, concluyó.