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    Morenistas utilizan empresas “factureras”

    17/03/2026 Leonardo Herrera
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    La maniobra se conoció de manera amplia y masiva en Hidalgo, cuando se reveló el supuesto desvío de más de 2 mil millones de pesos a través del esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, los gobiernos estatal y municipal habrían contratado a empresas denominadas “fachada” para comprobar el aparente gasto, que al final es un beneficio patrimonial para el o los funcionarios que simulan un gasto y parece que los ayuntamientos morenistas aprendieron bien el esquema.

    Al menos eso fue lo que detectó la Secretaría de Hacienda, en los gobiernos de Marisol Ortega López en Tepeapulco y Susana Ángeles Quezada en Tizayuca, durante el periodo que gobernaron 2020-2024, utilizaron una misma empresa para tratar de justificar gastos cercanos a los 20 millones de pesos, lo que despertó sospechas.

    En el primer caso, Ortega López integrante del Grupo Universidad (GU) de Gerardo Sosa y consejera Nacional de Morena, aparentemente contrató a Vicente Maldonado Márquez, una persona física con actividad empresarial, que se maneja como “promotor de espectáculos artísticos, deportivos y similares” con cédula de registro de proveedores 030-03-23 clave 1 y Registro Federal de Contribuyentes MTI8501015D1, para organizar el evento “Pueblo Calavera”, por el que pagaron 6 millones 999 mil 440 pesos.

    Pero no fue el único contrato, documentos en poder de este columnista, revelan que, también en 2024 organizó la “Feria Industrial Ciudad Sahagún” por adjudicación directa con un monto de 11 millones 365 mil pesos, procesos y cantidad que no sólo despertaron las sospechas de los entes fiscalizadores del estado, sino la calidad de los eventos organizados.

    Así que, comenzó el rastro de las operaciones de la empresa que inicialmente reportó tener su domicilio en la calle Libertad Oriente 419 en la colonia cetro e Tulancingo, el cual nunca fue localizado por los auditores estatales que notificaron la irregularidad a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda para verificar su autenticidad.

    Las sospechas crecieron cuando detectaron al menos cinco contratos con el mismo esquema en el ayuntamiento de Tizayuca, uno de estos por un millón 77 mil pesos relacionados con la “Feria Metropolitana de Tizayuca” en el 2024, con el mismo domicilio fiscal declarado inexistentes por los auditores.

    Ambas exalcaldesas morenistas, arrastran en sus auditorías la comprobación pendiente de los contratos con Vicente Maldonado, quien curiosamente cambió su domicilio fiscal al municipio de Tenango de Doria, una práctica muy recurrente por las llamadas empresas factureras (EFO) o que simulan operaciones, el mismo que tampoco fue corroborado.

    Con esas evidencias, la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Hidalgo (SHH) habría solicitado la inhabitación como proveedor del citado prestador de servicios, hasta en tanto no se aclaren las irregularidades en los contratos por 19 millones de pesos y se demuestra su actuación legal, además de respaldar que, en realidad, se trató de un gasto licito y no una operación simulada como hasta ahora. Por lo pronto, Marisol Ortega y Susana Ángeles, comparten algo más que sus asientos de consejeras nacionales de Morena y son las irregularidades que podría llevarlas a enfrentar procesos penales graves por peculado y uso ilícito de atribuciones.

    De mi tintero… Hablando de ilegalidades en Apan, parecen ser expertos en violar la ley, este fin de semana fue vinculada a proceso la regidora panista Ana Inés A.M., acusada de falsificar documentos para apoderarse de un terreno, todo indica que, podría ser sentenciada por fraude procesal, esa clase política abusiva parece que el poder les da el derecho de violar la ley como mejor les parece… Mientras tanto las influencias, abusos e ilegalidades también se viven en la medicina privada, pues resulta que, en el Hospital Español, la directora del área médica Amparo Espinosa García, decide que médicos y especialistas atienden a los pacientes, claro todo dicen, mediante el pago de un supuesto “moche”, además, amenaza e intimida a los médicos con tener contactos en el gobierno y la Secretaría de Salud para iniciarles procedimientos… vaya profesional¡¡

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