Por: Diego Herrera
La dirigencia nacional de Morena ha anunciado su intención de promover un juicio político y buscar el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia (Maru) Campos Galván. La acusación central señala que la mandataria estatal comprometió la estrategia de seguridad y violó la soberanía nacional tras el operativo en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, el cual resultó en la muerte de dos de ellos.
Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, declaró en conferencia de prensa desde Chihuahua que, el gobierno estatal ha infringido leyes nacionales y tratados internacionales en materia de cooperación con agencias de seguridad extranjeras. Montiel enfatizó que, si bien existe un esquema de cooperación entre México y Estados Unidos, la operación en territorio nacional corresponde exclusivamente a las instituciones de seguridad mexicanas.
El operativo en cuestión, llevado a cabo en la Sierra Tarahumara con el objetivo de desmantelar un narcolaboratorio, ha generado una fuerte controversia. Según Morena, la participación de agentes extranjeros en esta acción representa un «atropello a la soberanía nacional». Además, Montiel criticó que el operativo no fue planteado ni coordinado en la mesa de construcción de la paz, el espacio legal establecido para estos trabajos.
Morena también ha señalado la falta de cooperación de la gobernadora con las autoridades federales. Se le acusa de ser una de las mandatarias que menos asiste a las sesiones del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Asimismo, se destacó que el Congreso de Chihuahua solicitó un informe al gobierno estatal sobre el caso, el cual no fue entregado, y que Campos declinó asistir al Senado de la República para comparecer sobre el tema. En su lugar, la gobernadora viajó a Aguascalientes para reunirse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
A pesar del anuncio político y la convocatoria a movilizaciones sociales, el proceso para desaforar a un gobernador en México es complejo y requiere mayorías legislativas que Morena actualmente no tiene garantizadas.
El procedimiento, establecido en el Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige los siguientes pasos:
1.Aprobación en la Cámara de Diputados federal: Se requiere una mayoría absoluta (la mitad más uno de los legisladores presentes) para declarar que ha lugar a proceder contra el funcionario.
2.Aprobación en el Congreso local: La resolución federal se envía al Congreso del Estado de Chihuahua, que debe aprobar el desafuero con las mayorías que establezca su propia constitución.
Si se aprueba en ambas instancias, el gobernador es separado de su cargo y queda a disposición del Ministerio Público para enfrentar un juicio penal. Es importante destacar que el desafuero no determina culpabilidad, sino que elimina la inmunidad procesal para que el funcionario pueda ser juzgado.
Actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación por el operativo en Chihuahua y ha citado a declarar a 50 personas, pero aún no ha presentado un informe que vincule directamente a la gobernadora con los hechos.
La iniciativa de Morena representa un fuerte posicionamiento político, pero el éxito del desafuero dependerá de la capacidad del partido para reunir los votos necesarios tanto a nivel federal como estatal, un escenario que por ahora se