Por unanimidad aprueban legisladores locales las leyes de Prevención del delito y la de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma entre las que destaca la regulación de que las obras de beneficio social sean realizadas en tiempo y forma las licitaciones y que haya una contraloría social, informó el presidente de la Comisión de Obras Martin Pérez Sierra.
Durante la sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, expusieron en tribuna por espacio de tres horas que por la manera en que se han desarrollado las acciones de beneficio social en la entidad era necesario contar con una Ley que se ajuste a los constantes cambios e innovaciones tecnológicas.
Los legisladores entre ellos el presidente de la Comisión de Obras Públicas Martín Pérez Sierra, manifestaron que es prioridad de la actual administración pública, asegurar un marco jurídico normativo, que brinde certidumbre en el sentido de que la obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a las líneas de acción planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016,” aseguró el legislador Martín Pérez Sierra.
A favor de la de la iniciativa se pronunciaron los diputados Humberto Pacheco Miralrío y Juan Francisco Mendoza Guerrero, quienes considerar que estas reformas son responsables y bien planteadas, necesarias para encausar las necesidades que tiene la Entidad en este ramo y permitirán que los procedimientos de contratación se hagan conforme a lo establecido que dicta esta nueva Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para la entidad.
La nueva Ley de Obras Públicas, está integrada por 107 artículos que contemplan un esquema normativo innovador que simplifica los procedimientos administrativos, con la finalidad de imprimir agilidad y flexibilidad a las acciones relacionadas con la obra pública.
Cabe mencionar que en la misma sesión los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias aprobaron la Ley de Prevención del delito que tiene como objetivo de incluir la figura de mapas de riesgo y la obligación por parte del Consejo Estatal de Prevención del delito de llevar a cabo estudios sobre la distribución geo delictiva para disminuir la incidencia criminal.
Los legisladores señalaron que las modificaciones establecen la realización de investigaciones sobre el fenómeno delictivo, de tal forma que sirvan para el diseño de políticas públicas para la prevención del delito, asimismo, la elaboración de mapas de riesgo sobre violencia y delincuencia, en colaboración con las dependencias en materia de seguridad pública estatal y municipales.
En este caso a decir de los legisladores la ley de Prevención del Delito permite dar soluciones preventivas, correlacionados con las condiciones sociales, económicas y educativas de las localidades, y se fortalecen las acciones para disminuir la incidencia criminal.