Hace tres años cuando inicio el gobierno de Julio Menchaca, se trazó como una de las principales tareas el combate a la corrupción y comenzó la investigación más grande hasta ahora en contra de ex funcionarios de una administración estatal, la dependencia encargada de ello fue la Procuraduría de Justicia del Estado, que, dicho sea de paso, tuvo a su primer encargado Santiago Nieto, quien, por cierto, fue nombrado por el exgobernador priista y hoy embajador en Noruega, Omar Fayad Meneses.
Con el paso del tiempo, Nieto Castillo extitular de la UIF, se convirtió en una pieza incomoda en el gobierno morenista, su soberbia, enfrentamientos y operaciones de promoción política, estorbaron el proyecto de Menchaca Salazar, así que, el anuncio de su candidatura al senado cayó como una buena noticia al igual que su salida del gabinete.
Al relevo entró otro hombre con características diferentes, Francisco Fernández Hasbun, al que su origen se convirtió en un cuestionamiento inicial, que rápido se sacudió, cuando en los hechos, mostró que era mejor ser una persona alejada de los intereses locales, que estar vinculado a los grupos y sus conveniencias.
Hoy, la Procuraduría del Estado tiene pendientes al arribar al tercer año que significa la mitad del gobierno de Julio Menchaca, uno de ellos es el cambio a Fiscalía del estado, que ubican a Hidalgo junto con Baja California Sur, como las dos entidades con rezago en este proceso, que garantizarían la autonomía del ejecutivo de esta dependencia.
Junto con la extradición del ex contralor Cesar Mora Velázquez, se han convertido en los puntos que se pueden enlistar en la lista de las deudas que se mantienen en la Procuraduría del Estado, que, además, mantiene un par de investigaciones sobre exfuncionarios que fortalecerán la gestión del Fernández Hasbun identificado como el “hidalguense”.
Además, entre las dudas de algunos, es si habrá el tiempo y la fortaleza para sacudir a funcionarios que se han convertido en una piedra en el zapato en la PGJEH y que nada aportan desde fiscalías y subprocuradurías, donde las denuncias persisten sobre el manejo de expedientes a modo, por consigna y favoritismo, el trabajo es contrareloj.
De mi tintero… Los municipios de Pisaflores y San Felipe Orizatlán, técnicamente no tienen presidentes municipales, en el primero hay un encargado tras el asesino del alcalde Miguel Bahena Solórzano, donde las cosas se complican, por la resistencia de los integrantes de la asamblea y la familia que se niega a que el suplente Silvestre García Márquez, pueda entrar al relevo, debido a que su círculo cercano aparentemente está relacionado con los homicidas del Bahena Solórzano, mientras que, en san Felipe Orizatlán ya son continuas y notorias las ausencias del alcalde Carlos César Pérez Escamilla, quien recientemente fue vinculado a proceso por el delito de homicidio, la situación parece complicarse, pues sólo se espera una audiencia, para proceder a su encarcelamiento… En donde las cosas cada vez están peor es en la Subsecretaría de Protección Civil del gobierno estatal donde el capitán Román Bernal Díaz, sigue inoperante, gris y ahora en su ignorancia, se basa en actualizaciones cartográficas digitales del INEGI para actualizar los atlas de riesgo, en lugar de recurrir al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el militar venido a político tiene extraviada su brújula de responsabilidades desde que asumió un cargo para el que no estaba capacitado y eso se llama corrupción.