Por instrucciones del gobernador José Francisco Olvera Ruiz, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que encabeza Nicolás Ramírez, generó la alianza con la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), especialista en materia de contraloría interna, la cual brindará asesoría para generar los recursos que permitan financiar los gastos en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal de la entidad.
Ante su próxima aplicación, el ejecutivo está comprometido en apoyar la transformación de diversas instituciones, como son la Procuraduría de Justicia, el Poder Judicial y las Defensorías de Oficio, con el objetivo de contar con un nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio que sea aplicado por personal profesionalizado y en instancias adecuadas.
PwC se ha comprometido a colaborar con las instancias estatales judiciales para generar un proyecto estructurado sobre la implementación de estas reformas, con un plan que será la herramienta para obtener fondos de fuentes como: iniciativa Mérida, Gobierno Federal, USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) o bien la Embajada de los Estados Unidos de América.
Actualmente el gobierno estatal y PwC se encuentran trabajando en la integración de información faltante para posteriormente elaborar el diseño y construcción del plan, y de esta manera dirigirlo a las entidades e instituciones nacionales e internacionales para obtener los recursos necesarios, luego de ser aprobado por el mandatario Francisco Olvera Ruiz.
Recientemente, ante autoridades del Poder Judicial, del Legislativo, de Seguridad Pública y representantes de la ciudadanía, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Sala de Juntas del H. Tribunal Superior de Justicia, en donde PwC presentó el primer Diagnóstico para la Implementación del “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, a cargo de Germán Ganado Iturriaga, Socio Líder Gobierno de PwC Antecedentes del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Como parte de este acuerdo se han llevado a cabo mesas de trabajo con los talleres de reorganización y reingeniería institucional, de normatividad jurídica, de capacitación; de comunicación: difusión y socialización; de infraestructura y finanzas, con el propósito de generar información entre ambas instancias.